Hasta 40 efectivos de la Brigada Paracaidista de Artillería de Madrid han llegado esta mañana a la capital conquense con el objeto de ayudar, en coordinación con Policía Local y Nacional, en el control del tránsito de personas con motivo del estado de alarma.
Los miembros de este cuerpo militar estarán durante todo el día, como una primera incursión, vigilando que los conquenses están cumpliendo la obligación de confinamiento en sus domicilios. Han comenzado así recorriendo Carretería y la zona centro y desde allí se irán trasladando a otros barrios de la ciudad, así como al entorno del hospital, espacios comerciales y parques.
El alcalde, Darío Dolz, ha agradecido a estos efectivos su presencia, así como la “impagable” labor que están realizando todos los cuerpos y fuerzas de seguridad tanto en Cuenca como en el resto del país en la actual situación de emergencia sanitaria. Además, ha instado a los conquenses a que “se tomen en serio su deber de quedarse en casa, por ellos mismos y por sus conciudadanos, porque está en nuestra mano contribuir a parar la expansión de este virus y evitar que sigan creciendo los contagios”.
El primer edil ha puesto en valor la “responsabilidad” de aquellos conquenses que sí están cumpliendo las normas, pero ha lamentado que “son muchos los que desoyen sus obligaciones”, por lo que ha ensalzado “la tarea de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que se están encargando de hacer cumplir las exigencias que impone este estado de alarma que no es ninguna broma”.
Los militares están recordando a las personas que se encuentran en la calle que durante el estado de alarma sólo se puede circular por espacios de uso público para acudir a trabajar en los casos en que es imprescindible o para hacer la compra de productos básicos o medicamentos, principalmente, intentando en cada salida hacer adquisiciones para varios días con el fin de reducir el número de salidas. En tales casos, mantener una distancia de seguridad, evitar aglomeraciones y pasar el mínimo tiempo. De incumplir las normas, las multas pueden ser de 100 a 600.000 euros e incluso se pueden imponer penas de prisión.
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