La crisis económica que se prevé tras la de salud convoca a los dos grandes sindicatos españoles y a la Confederación Europea de Sindicatos (CES) a ofrecer respuestas a las clases trabajadoras, atenazadas de nuevo con una caída de la economía inesperada y nunca vista a consecuencia de un fenómeno externo a la dinámica del modelo económico.
La Gran Recesión de 2008 llegó a consecuencia de un capitalismo especulativo, rentista e inmobiliario, asfixiado por dinámicas que ellos mismos habían contribuido a generar. A través de mecanismos e instrumentos financieros sofisticados llevaron a la ruina a las poblaciones de España y europeas; Grecia fue el estandarte de la disciplina austericida impuesta por la banca y la Comisión Europea y sus hombres de negro. Los responsables eran entonces de carne y hueso, tenían nombres y apellidos. El desencadenante ahora es un virus, el SARS-CoV-2. A sus letales efectos sobre la salud pública y de las personas contagiadas suma un escenario socioeconómico devastador.
El centro de la disputa sobre cómo afrontarlo lo encontramos, en una primera fase, en la financiación y en las medidas que será necesario articular con el fin de evitar estallidos populares que pongan en riesgo la cohesión social. En esta ocasión, las respuestas de la población no serán tan tibias como lo fueron en la anterior.
Los sindicatos adoptaron entonces una actitud defensiva tratando de evitar o al menos limitar la pérdida de derechos conquistados. En esta ocasión será distinto, comenzando con el color del gobierno y continuando con la actitud de la clase trabajadora, hostil a que los sacrificios recaigan exclusivamente sobre sus espaldas. La determinación por parte de la UE de los mecanismos de financiación tiene suma importancia: el endeudamiento puede ser colosal y los plazos de pago incrementar los sacrificios de todos. Las derechas han de explicar su alineamiento con las posturas adoptadas por Alemania y Holanda en su negativa a mutualizar la deuda.
A pesar del confinamiento, la actividad de los sindicatos está siendo frenética. Las consultas sobre despidos y ERTEs y sobre las medidas de protección en los sectores esenciales y en los que han recuperado la actividad son constantes.
Hoy, como siempre, el movimiento sindical generalista, de clase, cumple con sus obligaciones. Una vez pase la pandemia, las exigencias serán titánicas para los agentes socioeconómicos del artículo 7 de nuestra Constitución. Será imprescindible un Pacto para la recuperación económica. En su diseño y negociación, el objetivo central a defender por los sindicatos más representativos será la atención a las demandas, a las necesidades apremiantes, de los sectores más perjudicados por la pandemia.
Hemos de recordar que, según datos de Cáritas, antes de la crisis de salud nuestro país tenía ocho millones de personas en situación de pobreza o riesgo de pobreza. Unas cifras indecentes en un país que ocupa el noveno lugar entre las mayores economías del mundo, una muestra de la desigualdad a pesar de un crecimiento que ha sido de los más altos de Europa. Crecimiento traducido en el mercado laboral en temporalidad, dualidad y la precariedad. El empleo creado en los últimos años responde a estas características.
Los estados que, como el nuestro, han sufrido los efectos de la deslocalización industrial, van a sufrir una presión interna con el fin de territorializar sectores industriales y estratégicos sometidos a la desintegración global de las cadenas productivas.
En adelante, industrias farmacéuticas o manufactureras buscarán acomodos en los países de origen, no por capricho o sentimiento nacional sino por la presión ciudadana y de los gobiernos. Se producirá una reordenación de la economía a nivel global con una peligrosa deriva nacionalista. Europa tendrá que reinventarse si no quiere ver frustrada su capacidad de influencia en los mercados internacionales y limitar la competencia de EEUU, Rusia, China.
Con Europa, la Confederación de Sindicatos Europeos, hasta estos momentos desaparecida, sometida a las mismas presiones que sus gobiernos, particularmente alemanes, holandeses y nórdicos, se juega su credibilidad y su supervivencia.
El cambio ideológico en las políticas económicas de respuesta a esta nueva crisis, con una orientación esta vez favorable a las y los trabajadores europeos y en especial a los que más están sufriendo la epidemia y más van a sufrir sus consecuencias, no puede lograrse sin la participación activa de los agentes sociales y la acción sindical conjunta en el ámbito de la UE.
La OIT estima en más de 25 millones las personas que engrosarán las listas de paro en el mundo; seis millones en España. Se avecinan tiempos de una feroz disputa por la orientación política-económica de la crisis.
Los dueños del 75% de la riqueza mundial y la ideología ‘neoliberal’ con que argumentan la legitimidad de su dominio no lo van a poner fácil, no van a abdicar del modelo de vida impuesto a las distintas sociedades del mundo. Están en juego sus intereses a medio y largo plazo. Pero, al mismo, saben que sus recetas no pueden ser las mismas que las de 2008.
No con aquella virulencia impune, porque esta vez no van a contar con la pasividad que encontraron en la anterior. Dejar en la intemperie a millones de personas, muchas de ellas descendiendo en picado desde unos niveles de vida aceptables, no será pacifico. Se arriesgan a un conflicto social sin precedentes, y no lo consentirán.
Y con ellos los sindicatos. También nosotros nos jugamos sobrevivir si consentimos nuevas medidas austericidas mientras los ricos y poderosos continúan acumulando riqueza. Con nosotros, no.
Opiniòn de Antonio Navarro. Secretario de Estudios de CCOO de Castilla-La Mancha
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