El próximo martes 28 de abril, a las 12:00 horas, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo – Segura volverá a reunirse, esta vez por videoconferencia, con la finalidad de constatar la situación hidrológica o, lo que es lo mismo, verificar en qué nivel de los cuatro se encuentran los embalses de cabecera del Tajo para autorizar el máximo trasvase posible.
“No se atienden a razones, las reglas de explotación son absurdas y chocan frontalmente con las necesidades de la cuenca cedente, que deberían ser prioritarias, y con la propia realidad, lo que explica que todavía queden cien hectómetros por enviar de anteriores trasvases: no los necesitan”, explican desde la Asociación de Municipios Ribereños.
La cuenca del Segura, con 150 Hm3 de anteriores trasvases, está perfectamente capacitada con sus reservas para sobrevivir sin el agua del Tajo, “especialmente en un año tan lluvioso para ellos”. Así mismo recuerdan que, a diferencia de lo que sucede con el Tajo, ellos cuentan con desaladoras pagadas con el dinero de todos para hacer frente a sus necesidades. “Nosotros estamos solos”, lamentan.
Por ello, los ribereños solicitaron formalmente a la ministra Teresa Ribera mediante una carta enviada el pasado 20 de abril que promulgara una suspensión del Trasvase como parte de las medidas especiales para paliar la crisis económica que sufren por culpa del coronavirus.
Actualmente Entrepeñas se encuentra al 55,59 por ciento de su capacidad, mientras que Buendía se encuentra al 21,64 por ciento; apenas a un treinta por ciento de su capacidad, un setenta por ciento vacíos. En cambio, en la Región de Murcia, especialmente en municipios como Los Alcázares, viven pendientes del tiempo, con la angustia que han provocado este año las numerosas lluvias por culpa de una nefasta planificación territorial, supeditada negligentemente a los intereses de la Agroindustria.
Y en espera de lo que suceda con el Mar Menor en cuanto llegue el calor, cuando podría revivirse el trágico episodio sufrido el pasado 12 de octubre, tras el cual no solo no se ha recuperado una sola hectárea de regadío ilegal; sino que desde el Gobierno de Murcia se ha protegido aún más a los regantes y se ha buscado el conflicto perenne con el Ministerio de Transición Ecológica y el Gobierno de España.
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