Durante casi dos años, toda actividad social ha estado marcada y limitada por la crisis sanitaria. También la de la comunidad educativa. Garantizar la salud, prevenir los contagios y salvaguardar a la vez el derecho a la Educación y la consecución de los objetivos curriculares centró durante dos cursos el foco de atención de toda la comunidad educativa.
Quedaron aparcados todos los demás objetivos. Y ahí siguen desde hace once años.
Desde marzo de 2020 hasta enero de este año, el covid impidió primero y después restringió y condicionó la presencialidad en las aulas. La pandemia alteró por completo el normal desarrollo de la actividad docente, imponiendo al alumnado y a sus familias un escenario inédito y exigiendo al profesorado y el personal de administración y servicios un enorme esfuerzo de adaptación y un compromiso extraordinario, socialmente reconocidos y valorados.
Finaliza esta semana el curso escolar con el que dejamos atrás la pandemia, pero lamentablemente no podemos decir que haya aportado ninguna otra mejora en nuestros centros de enseñanza. Sigue pendiente la recuperación de las condiciones que se perdieron en el 2011, y que por una circunstancia o por otra, no se materializa. Al contrario.
Las contrataciones de ‘refuerzo Covid’ paliaron alguna de las carencias en materia de personal, pero el anuncio de la Consejería de no renovarlas pone en alerta la situación de los centros en todas las etapas educativas: Las/os 3.000 mil docentes de refuerzo desaparecen. Los apoyos en educación infantil de cero a tres años desaparecen. El personal de limpieza ‘Covid’ desaparece.
Esto implica que nuestro sistema público de enseñanza prescinde de alrededor de 3.500 trabajadores y trabajadoras, que pierden su puesto de trabajo al finalizar este curso.
Aparcadas siguen también cuestiones como la limitación de la jornada lectiva a 18 horas semanales en Secundaria y a 23 en Infantil y Primaria; la reducción del horario lectivo para docentes mayores de 55 años; la contratación del/a interino/a docente en los meses de verano; la contratación a tiempo completo del personal laboral discontinuo; los apoyos en la etapa 0-3; la cobertura de las muchas vacantes en las plantillas de personal laboral…
Añádase que el próximo curso trae consigo la implantación de los nuevos currículos en aplicación de la nueva Ley Educativa, el desarrollo de las diferentes ordenes de la nueva Ley de Formación Profesional, y la implementación de las nuevas órdenes de funcionamiento de los centros. Sin olvidar la exigencia de formación, actualización y adaptación permanente que impone la digitalización.
Hemos dejado atrás la pandemia, pero seguimos arrastrando los recortes de hace once años. Y se añaden los múltiples nuevos retos que conllevan un modelo educativo y una sociedad en cambio constante.
Es el momento de avanzar, de que el Gobierno de Castilla-La Mancha contemple entre sus presupuestos las partidas precisas para atender los déficits que nos lastran; carencias que exigen sobreesfuerzos permanentes al profesorado y al personal de administración y servicios; que tensan la actividad cotidiana en los centros escolares y que ponen en riesgo la capacidad de la Escuela Pública para garantizar una enseñanza de calidad a las jóvenes generaciones presentes y futuras.
Opinión de Ana Delgado. Secretaria general de CCOO-Enseñanza de Castilla-La Mancha
