El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicaba en su edición de este miércoles, 24 de octubre, el fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) en la que se declaran nulos los acuerdos del pleno de la Diputación de Cuenca de noviembre de 2022 donde se aprobaban, precisamente, los presupuestos del siguiente año, 2023. El Grupo Popular de la Diputación de Cuenca ha pedido al presidente de la institución, Martínez Chana, “que no vuelva a repetirse este abuso de poder”, en la cada vez más próxima sesión plenaria en la que se debatirán los presupuestos provinciales para 2025. El PP ha instado también a los socialistas a elaborar “unas cuentas que atiendan a las necesidades de la provincia y de sus municipios”.
El Grupo Popular en la Diputación de Cuenca daba a conocer, este pasado mes de julio, la sentencia del TSJCLM en la que se declaraban vulnerados los derechos constitucionales de participación de los diputados del PP en la institución provincial, a raíz de que el presidente de la institución, Martínez Chana, se negara a admitir a debate tres de las cinco enmiendas a las cuentas provinciales presentadas por los populares quienes criticaban duramente que el responsable de la Diputación “hubiera preferido arriesgarse a que se declarasen nulos los presupuestos antes que admitir nuestras enmiendas para debatirlas”. Las iniciativas pedían más ayudas económicas para que los municipios pudieran destinarlas a redes de saneamiento y abastecimiento de agua, también más partida presupuestaria para los gastos energéticos de los consistorios yque la Diputación destinara una parte de su presupuesto a la mejora y modernización de espacios productivos que reactiven la economía de los pueblos.
En esta sentencia, cuyo fallo ha publicado el BOP esta semana, el tribunal recalcaba que “una decisión de este tipo ha de argumentarse con una razón que no frustre ni el derecho de los concejales, en este caso diputados, a debatirlas y votarlas, ni el derecho de los vecinos a conocer las razones de estimación o rechazo de esas enmiendas”. La sentencia no ha tenido efectos prácticos al haberse ejecutado el presupuesto de 2023 antes de su publicación. Sí condenaba a la institución provincial a pagar las costas del proceso judicial.
Por último, los populares han recalcado que “seguiremos defendiendo los intereses de nuestra provincia y presentando enmiendas a los presupuestos y mociones que aborden tanto problemas provinciales, como regionales y nacionales que nos afectan como conquenses y como españoles”.
