El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha personado ante la Audiencia Nacional para defender la Orden del Ministerio de Transición Ecológica del pasado mes de diciembre que reducía el volumen del trasvase del Tajo al Segura ciñéndose únicamente al consumo humano.
Una Orden ministerial limitó entonces el volumen trasvasado a 7,5 hectómetros cúbicos (hm3), frente a los 19,6 propuestos por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura en aplicación del principio de precaución y tras estudiar los informes técnicos.
La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha recordado que fue la segunda vez que el Ministerio desoyó la propuesta de la Comisión. En este sentido ha asegurado que “es importante que esa decisión se mantenga para poner coto al llamado método lineal 1/3, que pretende trasvasar sistemáticamente una media de 20 hectómetros cúbicos al mes, incluso cuando los embalses están prácticamente al borde de la reserva de los 400 hm3, de los que hay que descontar 118 del denominado como ‘embalse muerto’”.
A juicio de la portavoz, se defiende de esta manera la política emprendida por el Gobierno de Emiliano García-Page en todo lo relacionado con el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, a todos los usuarios de agua del Tajo y a las poblaciones ribereñas de los embalses de Entrepeñas y Buendía. Defensa por la que Castilla-La Mancha acudirá a la Audiencia Nacional ante las Comunidades de Murcia y Andalucía, que han recurrido contra esa Orden por pretender que también deberían trasvasarse recursos destinados a regadío.
Otra mirada sobre el Tajo
Blanca Fernández ha recordado cómo esta misma semana la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmaba respecto al cauce del Tajo que se recuperará “un río limpio y con caudal adecuado”, lamentando décadas acumuladas con demasiadas presiones sobre el río y asegurando que su Ministerio y la Confederación Hidrográfica del Tajo trabajan “para cambiar el rumbo con las comunidades autónomas y los ayuntamientos concernidos”.
En ese sentido, la portavoz ha afirmado que es una buena noticia para Castilla-La Mancha que la sensibilidad del Gobierno de España en torno al Tajo haya cambiado: “por primera vez alguien que ostenta la responsabilidad del Ministerio que tiene las competencias en materia de agua, es tan claro como para decir abiertamente que el Tajo necesita otra mirada, otras decisiones y que el caudal ecológico debe estar permanentemente garantizado, porque nada nos garantiza que si seguimos mal utilizando el agua de este río, más pronto que tarde se pudiera convertir en un recuerdo y desde luego eso no nos lo podemos permitir”.
En definitiva, ha dicho Fernández, “se trata de recuperar un Tajo limpio y sano, un caudal ecológico adecuado y también que los municipios de su rivera se puedan beneficiar del agua que transcurre por su territorio”.
Por otro lado, cabe recordar que el Tribunal Supremo sentenció en marzo de 2019 que es necesario implementar un régimen de caudales ecológicos en el río Tajo, hasta la fecha inexistente, algo que conlleva aparejado el aumento de agua almacenada en los embalses de la cabecera del Tajo, y que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha cifrado al menos en 800 hm3 para garantizar los usos de esta cuenca, incluidos los citados caudales ecológicos.
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