CCOO de Construcción y Servicios ha presentado hoy en Toledo su ‘Observatorio Sectorial de la Contratación Pública’ en los sectores laborales que atiende esta federación del sindicato, que constituyen el grueso de las contratas de las distintas administraciones públicas y que en conjunto emplean en la región a cerca de 30.000 personas.
El Observatorio realiza un seguimiento pormenorizado de las licitaciones de contratos de Atención Domiciliaria, Construcción, Jardinería, Limpieza de Edificios, Limpieza Viaria, Mantenimiento, Recogida de Residuos y Seguridad Privada que realizan las distintas administraciones públicas, para conocer las empresas que obtienen las contratas y el precio final por el que logran las adjudicaciones.
El secretario federal de CCOO-CyS, Vicente Sánchez, acompañado de la secretaria general de CCOO-CyS CLM, Remedios Toboso, ofreció los datos referidos a CLM recabados por el Observatorio, que muestran que, en los últimos cinco meses, las Administraciones Públicas destinaron a sus contratas en nuestra región cinco millones de euros menos de los que tenían presupuestados, de acuerdo con los pliegos de licitación publicados.
En el periodo que va de octubre de 2019 a febrero de 2020, las administraciones públicas ubicadas en Castilla-La Mancha sacaron a concurso un total de 152 contratos por un importe total de licitación de 29.745.131,82 euros. “Sin embargo” -explicó Sánchez- “las adjudicaciones sólo sumaron 25.060.010,70 euros, lo que ha supuesto una rebaja sobre el valor inicial de 4.685.121,12 euros, dinero que las distintas administraciones han dejado de destinar a estas contratas y que supone un 15,8% de recorte sobre lo presupuestado”
“No sabemos dónde van los ahorros en las adjudicaciones a la baja, pero sí lo que se llevan por delante: empleos que se dejan de crear o que se pierden; calidad del servicio que se ofrece a los usuarios; y derechos y salarios de los trabajadores”, advirtió Toboso.
Según los datos ofrecidos por CCOO, las Entidades Locales fueron las que más presupuesto destinaron a contratas en estos cinco meses, algo más de 15 millones de euros; y también las que mayor porcentaje recortaron respecto a sus propias previsiones, que sumaban 18,6 millones (-19,2%). La mayoría del dinero se destinó a obras de construcción realizadas y a la contratación de seguridad privada y limpieza, así como a servicios de recogida y gestión de residuos.
Le siguió en volumen de contratación la Junta de Comunidades, que adjudicó o contratas por casi seis millones de euros, medio millón por debajo de los precios de licitación (-7,6%). Hay que reseñar que, en el periodo analizado, la JCCM solo realizó adjudicaciones en los meses de octubre, enero y febrero, quedando al descubierto sin ningún contrato en los meses de noviembre y diciembre.
Finalmente, La Administración General del Estado y sus organismos presentes en CLM contrataron obras y servicios, fundamentalmente de limpieza y de seguridad privada, por algo más de cuatro millones de euros, frente a los 4,7 presupuestados (-13,5%)
“Estas rebajas entre el valor adjudicado y el licitado no son comprensibles”, ´ha subrayado Vicente Sánchez, que ha demandado “más rigor a todas las administraciones para que a cada contrato se aplique la partida inicial, para garantizar el cumplimiento del pliego y el abono de los salarios de acuerdo al convenio colectivo de referencia, y para que esto revierta en la consolidación del empleo en estos sectores y en una mejor calidad del servicio prestado”
Sánchez puso como ejemplo la adjudicación del mantenimiento de carreteras gestionadas por la Diputación de Ciudad Real con un recorte de 482.491,60 euros (27,6%) sobre el valor licitado, y subrayó que esa rebaja termina por notarla y sufrirla quienes circulan por esas carreteras.
“No existe una mayor eficiencia por parte de las Administraciones Públicas cuando adjudican a la baja”, dijo Sánchez, que advirtió que, además de los usuarios de los servicios y los trabajadores de las contratas, “los incumplimientos los pagan también otras administraciones públicas, la Seguridad Social que no cobra las cotizaciones o Hacienda que no recibe de las empresas los impuestos que corresponden”
El secretario federal de CCOO-CyS achacó esta situación a la pervivencia de la Ley de desindexación, aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2015, “que evita a las administraciones públicas tener que ser garantes de estos incumplimientos de sus contratas”
Sánchez exigió la derogación de esta Ley y la aplicación íntegra de la Ley de Contratos del Sector Público, que traspuso al ordenamiento jurídico español la directiva europea sobre la materia, “para que realmente las adjudicaciones se realicen por criterios de calidad y no esencialmente por precio”
“Ahora conviven estas dos leyes, lo que sigue permitiendo a las Administraciones Públicas ser cómplices de los incumplimientos de sus contratas”
Además, recalcó Sánchez, “el Ministerio de Hacienda tiene que crear de una vez la Oficina de Regulación de la Contratación Pública, como dice la UE”
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