CEOE CEPYME Cuenca convoca a sus socios el próximo jueves en la sede de la organización para celebrar la jornada ‘Los trabajadores y la protección de datos en la empresa’ a partir de las 13 horas.
El Departamento de Calidad y Proyectos de la Confederación de Empresarios de Cuenca ha optado por promover esta acción formativa debido a la importancia de cumplir con esta normativa, pues de no hacerlo acarrea importantes sanciones.
La jornada será gratuita, pero tendrá plazas limitadas por motivos de higiene y seguridad, así que los interesados deben inscribirse en el teléfono de CEOE CEPYME Cuenca 969 21 33 15 o en el correo electrónico ialcaniz@ceoecuenca.org.
Estas jornadas cuentan con la colaboración de la Confederación Regional de Empresarios (CECAM), el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Trabajo y Economía Social
Ponente y contenidos
El ponente de la jornada es Santiago Bellido, del Grupo Ático 34, en su delegación de Castilla-La Mancha que recordará que la ley de protección de datos afecta a todas las empresas y autónomos.
Así, toda empresa que maneje en mayor o menor medidas datos personales de personas físicas como clientes o empleados, están obligados a cumplir con esta normativa, que además evitará que haya datos personales expuestos en muchas manos y mejorarán la credibilidad de los clientes y la seguridad de la compañía.
En este caso la jornada irá enfocada al tratamiento correcto de los datos de los trabajadores y estudiar casos prácticos como lo que hacer si el trabajador se niega a firmar la cláusula de confidencialidad, si se pueden publicar datos de empleados por internet o se necesita consentimiento escrito para hacer grabaciones del personal de la empresa.
Además, es importante evitar sanciones que en este caso son muy elevadas, pudiendo llegar a los 10 millones de euros o un 2% del volumen de negocio total anual del ejercicio financiero anterior por no adoptar medidas de seguridad apropiadas o no nombrar a un delegado de protección de datos cuando sea obligatorio.
Incluso la sanción puede llegar a los 20 millones de euros o un 4% del volumen de negocio total anual del ejercicio financiero anterior, por infracciones como vulnerar los derechos de los afectados o el incumplimiento de los principios básicos del sistema.
