El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 3,8 millones de euros para prorrogar por un año el contrato del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha, organismo dependiente de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Esta decisión del Ejecutivo regional “permitirá seguir prestando este servicio fundamental para hacer frente a las situaciones de urgencia y emergencia extraordinaria”, como pueden ser casos de grave riesgo colectivo, catástrofes o calamidades públicas que se produzcan en la región, pero también para atender las emergencias que sean de carácter individual y, por tanto, “garantizar protección, seguridad y atención de la ciudadanía cuando más lo necesita”, tal y como ha destacado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández.
Su principal finalidad es proporcionar un acceso rápido, fácil y gratuito a los servicios públicos de urgencia, a través del teléfono único europeo 1-1-2, y configurarlo como centro de comunicaciones y coordinación de las actuaciones en situaciones de emergencia extraordinaria.
Para ello, la portavoz del Gobierno castellanomanchego ha subrayado la excelente coordinación que existe entre el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 y los diferentes grupos de intervención para garantizar “esa respuesta integral, rápida y eficaz que salva vidas”.
Para hacerse una idea de su relevancia, Blanca Fernández, ha cuantificado en 3.800 las llamadas que gestiona de media cada día el 1-1-2, lo que suma prácticamente una media anual de prácticamente un millón y medio de llamadas. El servicio cuenta con más de 200 profesionales en la actualidad entre operadores de demanda, personal sanitario y Guardia Civil.
Unas cifras que se corroboran con el balance de los 20 años de historia de Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha, tiempo durante el cual se han atendido 38 millones de llamadas, se han gestionado once millones de incidentes y se han movilizado seis millones de recursos.
En cuanto a los datos de 2021, se atendieron 1.315.872 llamadas, de las cuales 677.254 (el 51,46 por ciento) fueron procedentes, es decir, aquellas que dan lugar a la gestión de una consulta, urgencia o emergencia; el 50 por ciento de las llamadas procedentes requirió recursos sanitarios, mientras que más de un 32 por ciento correspondió al sector de seguridad.
El resto de llamadas estuvieron relacionadas con intervenciones del servicio de bomberos urbanos y forestales, así como las multisectoriales, es decir, aquellas que no pertenecen a los sectores habituales de la emergencia, como pueden ser suministros básicos, mantenimiento de carreteras, servicio a la violencia de género de urgencia, que se deriva a su línea específica o la activación de agrupaciones de voluntarios de Protección Civil.
Profunda modernización
Una línea de trabajo del 1-1-2 que, tal y como ha apuntado Blanca Fernández, ha experimentado una “profunda modernización” desde 2015, año el que Emiliano García-Page asumió la Presidencia, gracias al incremento del presupuesto destinado a la Dirección General de Protección Ciudadana y al esfuerzo por dotar de más recursos humanos y materiales a este servicio; al impulso de su transformación digital con la instalación de una nueva plataforma tecnológica, a la puesta en marcha de un centro de respaldo y a la activación de nuevas aplicaciones y canales de comunicación.
Un servicio valorado con un sobresaliente
La consejera y portavoz ha manifestado que “toda esta actuación y esta gran capacidad que tienen esos más de 200 profesionales, que realizan un trabajo sobresaliente, hace que la encuesta del servicio 112 sea valorado con un sobresaliente por parte de la ciudadanía. Creo que se merecen esa calificación cada una y cada uno de sus profesionales”.
Cabe recordar para finalizar que el contrato para la prestación del servicio 1-1-2 se suscribió en abril de 2018 por un importe de 15,3 millones de euros y un plazo de ejecución de cuatro años, con la posibilidad de prórroga a la que ahora se ha dado el visto bueno durante un año más, en concreto desde el 1 de mayo de 2022 hasta el 30 de abril de 2023.
