El Gobierno regional ha defendido en las Cortes regionales el anteproyecto de la Ley de Medidas Integrales para la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana, la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas.
El consejero de Fomento ha destacado que “hoy estamos ante un primer paso de lo que va a suponer una puesta en común, un posicionamiento común como Comunidad Autónoma, que le tenemos que hacer llegar de manera conjunta al Gobierno de España; y lo es, porque estamos ante un problema real y porque independientemente de las competencias de unos o de otros, estamos todos comprometidos en aportar soluciones a la gente”.
Hernando ha asegurado que éste es “un texto serio y consensuado con los que sufren el problema”, y ha afeado al PP que su propuesta de consenso “no es sincera ya que en ningún momento han querido abordar el problema de la ocupación ilegal con el Gobierno”. En este sentido, el responsable de Fomento ha hablado de “vía leal, para mandar un único texto al Gobierno de España”. Además, ha invitado a los parlamentarios populares a “presentar enmiendas para que haya un único texto”, y ha asegurado que “hemos estado en lo urgente y además en lo necesario”, y con ello, ha añadido, “no se persiguen las medallas, sino que se tengan resultados”.
Ley de Medidas Integrales para la convivencia y contra la ocupación ilegal de viviendas
El consejero de Fomento ha esbozado en las Cortes regionales las principales reformas que se plantean en el texto como el endurecimiento de las penas; la reforma para que la ocupación deje de ser delito leve y poder elevar el plazo de preinscripción; la agilidad en los juzgados “para ir por la vía de juicio rápido”; castigar la reincidencia, penas agravadas, la distinción entre si hay grado de violencia o no, o si hay usurpación de domicilio o nave; o la vocación de permanencia de quien ocupa ilegalmente.
Asimismo, el objetivo es la “lucha contra las mafias, y plantear atenuantes que nos permitan ir a por el pez más gordo y castigar con multas proporcionales a las penas que se hayan cometido”, ha anunciado Hernando.
Además, la ley propone un fortalecimiento del catálogo de diligencias y medidas cautelares que permitan a los tribunales disponer el desalojo inmediato y la recuperación provisional del bien ilícitamente usurpado, en tanto en cuanto se continua la investigación judicial para calificar jurídicamente los hechos.
Además, Nacho Hernando ha explicado que “los vecinos también son víctimas, por eso se plantea que las comunidades de vecinos y administraciones públicas pueden denunciar, incluso ordenar obras de prevención de la ocupación y que estas se puedan repercutir sobre el propietario que se haya desentendido de su propiedad”.
El consejero de Fomento ha explicado que “hay que tener en cuenta también a las personas que están a la espera en el registro público de demandantes de vivienda pública y, por ello, reforzamos la capacidad de las administraciones públicas”. Así, Hernando ha asegurado que el proyecto propone “sancionar a quienes se ven condenados por ocupaciones ilegales para no acceder a ayudas sociales de vivienda de protección pública y plantea la eliminación de la obligación de empadronar de los ayuntamientos para que sea el ciudadano el que tenga que cumplir los requisitos. Entre ellos, un título de propiedad o alquiler que se podrá comprobar, a través de registro de fianzas para dar mayor seguridad jurídica”; pero, ha remarcado el titular regional de Fomento, “no somos insensibles y somos realistas y, por encima de todo, están los derechos de los menores, en esas situaciones se plantea que las administraciones no exijan el empadronamiento para acceder a la educación o sanidad”, ha concluido.
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