El Gobierno regional ha señalado que las campañas de extinción y prevención de incendios y su regulación han evolucionado dentro de la normativa vigente y siempre contando con el sector primario para hacer compatibles al máximo sus labores agrícolas y ganaderas con la seguridad de la ciudadanía y el medio natural frente a los incendios forestales.
Así ha informado la Consejería de Desarrollo Sostenible tras conocer la sentencia del Tribunal de Castilla-La Mancha que anula la resolución que establecía una limitación normativa para llevar a cabo tareas agrícolas con maquinaria durante dos días del mes de julio en el verano de 2021.
Como han explicado, la resolución de 8 de julio de 2021 se emitió en un contexto marcado por una ola de calor excepcional, con índices de propagación potencial del fuego extremadamente altos, temperaturas muy elevadas y condiciones meteorológicas especialmente desfavorables.
En estas circunstancia, han informado que la Consejería actuó como le correspondía adoptando medidas preventivas y excepcionales, limitadas en el tiempo y orientadas a proteger la seguridad de las personas, del sector agrario y del medio natural, puesto que Castilla-La Mancha se encontraba en un escenario de riesgo real e inmediato de incendios forestales que podían afectar a explotaciones agrarias, infraestructuras y zonas habitadas y consideramos que era necesario actuar en base a criterios estrictamente técnicos.
Evolución consensuada en la normativa de prevención de incendios forestales
Desde el Ejecutivo autonómico han señalado que precisamente, decisiones como la que tuvieron que tomar por aquel entonces han servido para ir aplicando nueva normativa preventiva frente a los incendios forestales que se ha ido adaptando y evolucionando en base a la Ley estatal de Montes, integrando un modelo avanzado basado en el Índice de Propagación Potencial (IPP) y el Plan de Prevención, Vigilancia y Extinción 2025.
Además, han puesto en valor que en la actualidad se están aplicando medidas graduadas, objetivas y proporcionadas según el nivel de riesgo en cada zona, con total seguridad jurídica y con un procedimiento claro para excepciones, autorizaciones y siempre en coordinación con el sector agrario.
Estas medidas han culminado, tras el consenso alcanzado entre las diferentes organizaciones agrarias y la Consejería, en la resolución de julio de este año 2025 que ha flexibilizado la actividad de cosechado y empacado de cereal en la región los días en los que el IPP ha sido muy alto y extremo, circunscribiendo su aplicación a los terrenos forestales y a la franja de 400 metros próxima, siempre que estas labores se llevaran a cabo con las correspondientes medidas de seguridad en una determinada franja horaria.
Con este tipo de regulación, Castilla-La Mancha ha reducido los incendios y su normativa ha servido de ejemplo al resto de comunidades autónomas que han decidido implantar limitaciones temporales similares, como se ha podido comprobar durante la ola de incendios que ha sacudido España este verano.
