Veinticinco años después de que los entonces presidentes de las comunidades de Madrid, Castilla y León y Castilla–La Mancha propusieran crear un Consejo de las Comunidades Castellanas, el Partido Castellano–Tierra Comunera (PCAS–TC) reclama reactivar esta iniciativa política, social, económica y ambiental.
Para la formación castellanista, este órgano permanente facilitaría la cooperación entre las tres comunidades en materias como la sanidad, la educación y las políticas sociales; agilizaría el despliegue de infraestructuras; permitiría un desarrollo más adecuado de las actuaciones en medio ambiente, sostenibilidad, agua y espacios naturales; y contribuiría al fortalecimiento de la identidad castellana. Asimismo, dotaría a estos territorios de una voz más eficaz en una España federal y en la Unión Europea.
El abandono de la iniciativa —que entre 1999 y 2000 despertó un notable interés político y mediático— tuvo su raíz en la desconfianza de las nacionalidades periféricas ante la posible creación de una hipotética “Gran Castilla”, así como en el rechazo de los órganos centrales de los grandes partidos a un ente que pudiera desenvolverse al margen de sus prioridades partidistas.
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid ya contempla una colaboración “especial” con las que denomina “comunidades castellanas”, con las que podrá promover los acuerdos y convenios pertinentes. Aquellos presidentes, además, coincidieron en la necesidad de reformar el Senado para convertirlo en una Cámara de las Autonomías y en impulsar convenios en diversas áreas.
En julio de 1999, Alberto Ruiz-Gallardón expresó en su debate de investidura como presidente de la Comunidad de Madrid su intención de crear un órgano de decisión conjunto con las dos Castillas, con el objetivo de “unir unas voces que siempre han tenido mucho en común para establecer convenios y proponer al Estado actuaciones que beneficiarán a un muy considerable número de ciudadanos que superan el ámbito territorial de cada comunidad”.
Entre las ventajas de esta cooperación entre comunidades y pueblos hermanos, el Partido Castellano–Tierra Comunera (PCAS–TC) destaca:
— Optimización de recursos: la gestión compartida de recursos como el agua o la energía mejoraría su eficiencia y sostenibilidad.
— Desarrollo económico y social: la cooperación puede impulsar proyectos que beneficien al conjunto del territorio, como el fomento del turismo o la creación de sinergias empresariales.
— Coordinación de políticas públicas: abordar conjuntamente áreas como la sanidad, la educación o la protección ambiental permitiría obtener mejores resultados y evitar desigualdades.
— Proyectos de gran envergadura: la actuación conjunta facilitaría iniciativas de infraestructuras, vivienda o investigación que, por su tamaño o coste, resultan difíciles de asumir por una sola comunidad.
— Fortalecimiento de la identidad común: la colaboración reforzaría el sentimiento de pertenencia a un espacio con características compartidas, abierto a otras comunidades hermanas si así lo desearan.
— Mayor peso político: un frente común incrementaría la capacidad de influencia a nivel nacional y europeo, evidenciando la complementariedad entre Madrid —joven, industrial, financiera y densamente poblada— y Castilla y León y Castilla–La Mancha —con mayor peso rural, extensas y escasamente pobladas, y con un gran patrimonio medioambiental y cultural—.
Otros beneficios señalados por la formación comunera son:
— Sanidad y servicios sociales: la proximidad geográfica ha propiciado acuerdos sanitarios que un organismo estable permitiría formalizar y ampliar, facilitando el acceso a servicios especializados en zonas limítrofes.
— Infraestructuras y transporte: la planificación coordinada mejoraría la conectividad entre las tres comunidades, optimizando la movilidad y la logística.
— Desarrollo económico e innovación: un marco estratégico común impulsaría la investigación, la innovación tecnológica y la atracción de talento, aprovechando la capacidad de Madrid como hub tecnológico y financiero y las fortalezas industriales y logísticas de Castilla y León y Castilla–La Mancha. También facilitaría el acceso a programas europeos como los fondos FEDER Interreg.
— Gestión ambiental y de recursos hídricos: la cooperación permitiría gestionar de forma más eficaz las cuencas hidrográficas y los espacios protegidos, así como mejorar la prevención de incendios y la adaptación climática.
— Desarrollo rural y cohesión territorial: un enfoque conjunto ayudaría a afrontar desafíos como el despoblamiento, impulsando programas de desarrollo rural, turismo sostenible y mejora de servicios básicos.
— Eficiencia administrativa: la coordinación en la gestión de servicios públicos, el intercambio de buenas prácticas y la simplificación de trámites transfronterizos generaría eficiencias y ahorro de recursos.
El Partido Castellano–Tierra Comunera (PCAS–TC) elevará sendas preguntas en el Congreso y en el Senado para conocer la posición del Gobierno de España y de los grupos parlamentarios ante esta propuesta y los mecanismos institucionales para su materialización.
