El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la empresa pública GICAMAN, ultima los pliegos para licitar la construcción de 21 viviendas a precio protegido en Motilla del Palancar. La delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, ha confirmado este martes que promotores privados se encargarán de edificar estos inmuebles en un plazo máximo de cinco años. Este proyecto busca dar una solución directa a la alta demanda residencial en un municipio que experimenta un notable aumento demográfico. Las casas se levantarán sobre dos parcelas municipales situadas en las proximidades de la rambla.
El Ayuntamiento, liderado por el alcalde Pedro Tendero, ya aprobó en marzo de 2025 la cesión de estos terrenos de 800 metros cuadrados. La distribución técnica contempla un bloque de catorce viviendas en una parcela y siete en la segunda, todas destinadas a la venta con precios limitados por la administración autonómica. Durante la visita institucional, en la que también participó el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, se detalló que la Junta fija las condiciones de protección para dar seguridad al proyecto. Esta medida se suma a otras herramientas vigentes para facilitar el acceso residencial, como las ayudas a la rehabilitación o el programa ‘Moviliza tu vivienda’.
Contexto y desarrollo comarcal
La urgencia por ampliar el parque de viviendas en este núcleo no es un fenómeno repentino. Consultando la hemeroteca de Liberal de Castilla, el constante desarrollo de Motilla del Palancar ha tensionado progresivamente el mercado inmobiliario local, convirtiendo la falta de oferta en el principal obstáculo para las familias que buscan asentarse en la zona. La materialización de la cesión de suelo aprobada hace más de un año representa el avance administrativo definitivo para transformar parcelas vacías en una oferta residencial garantizada.
Esta política de vivienda cobra mayor sentido al cruzarse con el despliegue de nuevos servicios básicos en la Manchuela conquense. De forma paralela, el municipio abrirá próximamente un nuevo Centro de Día para personas con discapacidad, una infraestructura financiada con 2,1 millones de euros de los fondos europeos Next Generation que, además de su labor asistencial, generará empleo local. Al mismo tiempo, la anunciada implantación del transporte a demanda en la comarca, que será el tercero de la provincia tras las experiencias en la Serranía Alta-Alcarria y la Serranía Baja, mejorará sustancialmente la conectividad diaria de los vecinos.
