La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la parálisis en la negociación del convenio colectivo que afecta a la plantilla de la UTE San Clemente y Quintanar. Este grupo empresarial, formado por Padecasa y Copasa, es el responsable del mantenimiento y conservación de la autopista AP-36 y sus vías limítrofes. La falta de acuerdo impacta directamente en las condiciones de 60 trabajadores adscritos a los centros de operaciones ubicados en la localidad conquense de San Clemente y en el municipio toledano de Quintanar de la Orden.
El sindicato señala la continua negativa de la dirección a establecer un marco regulador propio y actualizado. Según detalla Jorge Rodríguez, responsable de CSIF Empresa Privada en Cuenca, la unión de empresas recurre de forma arbitraria al obsoleto convenio de 2011 de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) o al convenio general de la construcción, según su conveniencia. Esta ambigüedad normativa genera una profunda inseguridad jurídica entre los empleados. Junto a la postura patronal, CSIF también critica la falta de colaboración del sindicato CCOO para abordar la creación de un nuevo texto.
Hemeroteca y contexto
La constante referencia al convenio de la SEITT de 2011 responde a la compleja trayectoria administrativa de esta infraestructura. La AP-36, vía de peaje que une Ocaña (Toledo) con La Roda (Albacete), forma parte del bloque de autopistas que quebraron y tuvieron que ser rescatadas por el Estado hace varios años, pasando su gestión a la sociedad pública SEITT. Al no existir un convenio único a nivel nacional para los operarios de estas autopistas rescatadas, las plantillas quedaron atadas a normativas desfasadas previas al rescate, obligando a cada centro de trabajo a negociar sus propios convenios de empresa para adecuar sus derechos a la realidad laboral actual.
Impacto en el servicio
Frente a esta situación heredada, la representación sindical exige superar los simples acuerdos puntuales que se limitan a actualizar tablas salariales bajo un marco jurídico débil. Los trabajadores reclaman un convenio integral que regule de forma definitiva los permisos, licencias, jornadas, conciliación y clasificación profesional. La consolidación de este marco laboral moderno no solo aportaría estabilidad a las decenas de familias afectadas en la comarca, sino que resulta fundamental para mejorar la organización del trabajo y garantizar la seguridad de los usuarios que transitan diariamente por esta vía de alta capacidad.
