Amplio consenso ciudadano e institucional en Cuenca exige transparencia en la reurbanización de Calle Carretería. Varias asociaciones, partidos y profesionales han firmado una carta conjunta dirigida al Ayuntamiento para reclamar consulta pública y revisión de la contratación del proyecto, financiado con fondos FEDER.
Frente unido por legalidad y participación
La Asociación de Vecinos de Cuenca Centro, junto al Partido Popular, Vox, Cuenca en Marcha, el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha y la Real Asociación Conquense de Artes y Letras (RACAL), han registrado este 20 de febrero una carta en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuenca. Este pacto poco habitual trasciende ideologías y busca garantizar el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público y los principios de transparencia de la Agenda Urbana Cuenca 2024-2030.
Los firmantes alertan sobre la falta de acceso al anteproyecto y al Plan de Actuación Integrado (PAI), así como sobre una posible fragmentación indebida mediante contratos menores consecutivos adjudicados a la misma empresa por unos 30.000 euros en total. Critican que, para un proyecto de 6 millones de euros, se priorice la oferta económica más baja sin valorar calidad urbana o sostenibilidad.
Riesgos para fondos europeos y plazos ajustados
El documento pone en riesgo la financiación FEDER 2021-2027 si no se respeta la Orden HAC/1072/2024, que exige coherencia y participación ciudadana. Se denuncia que plazos de tres meses para redactar el proyecto constructivo son insuficientes para una actuación de esta envergadura en el centro histórico.
Esta iniciativa vecinal subraya su carácter cívico, no partidista, y agradece el consenso alcanzado en defensa del interés general de Cuenca.
Demandas concretas al Ayuntamiento
La carta fija un plazo de dos semanas para:
Publicar anteproyecto y PAI para consulta pública.
Licitar un concurso único para el proyecto de ejecución con presupuesto adecuado.
Incluir criterios de calidad, sostenibilidad y participación en la adjudicación.
De no cumplirse, amenazan con recurrir al Ministerio de Hacienda y órganos europeos. El Ayuntamiento aún no ha respondido.
