El Grupo Popular en la Diputación de Cuenca defenderá en el próximo pleno provincial una moción frente a la propuesta de regularización masiva de migrantes anunciada por el Gobierno central. Las diputadas Raquel Oliver y María Soledad Sánchez-Grande han argumentado que esta medida estatal carece de memoria económica y de debate parlamentario, advirtiendo que los ayuntamientos se convertirán en los «pagadores silenciosos» al tener que asumir los costes derivados en los servicios sociales, educativos y sanitarios locales. Según advierte la formación, aunque el Ejecutivo socialista estima unas 500.000 regularizaciones, los informes policiales elevarían la cifra a casi dos millones de personas, lo que propiciaría un efecto llamada aprovechado por las mafias.
En un territorio con un saldo natural negativo y donde el 26% de la población supera los 65 años, la migración es un pilar indispensable para sostener sectores clave como el agrario y los cuidados. Actualmente, cerca del 15% de la población conquense es extranjera y contribuye a fijar población en el medio rural, motivo por el cual el Partido Popular exige una política ordenada. Las populares defienden que los procesos deben estar estrictamente vinculados al empleo para no generar injusticias frente a quienes llevan años esforzándose por integrarse, garantizando así que los municipios conquenses puedan mantener la calidad de sus servicios básicos.
Contexto histórico y evolución
El desafío burocrático de esta regularización extraordinaria lleva meses generando una honda preocupación logística en la provincia. En febrero de este mismo año, el sindicato CCOO ya alertó sobre el impacto directo de esta medida en Cuenca, exigiendo refuerzos urgentes para una oficina de Extranjería que describían como exhausta y desbordada ante la creciente presión asistencial. A nivel regional, las estimaciones oficiales de la Delegación del Gobierno apuntan a que entre 13.000 y 15.000 personas se beneficiarán de este proceso de regularización en Castilla-La Mancha, el cual tiene previsto culminar a finales del próximo mes de junio.
La ofensiva del Partido Popular reabre además un fuerte enfrentamiento político en el ámbito territorial que se viene arrastrando desde el invierno. A principios de año, el PSOE conquense acusó a los populares de difundir bulos, defendiendo públicamente que el decreto de regularización aporta seguridad jurídica a los empresarios locales y aclarando que no beneficia a personas con antecedentes penales. La moción del PP busca ahora utilizar el pleno de la Diputación para consolidar un bloque institucional que reclame al Gobierno central los recursos económicos que los ayuntamientos necesitarán para absorber este cambio demográfico.
