Castilla-La Mancha va a contar con un banco público de tierras de cultivo “para que los jóvenes y quienes no tienen acceso a la tierra puedan incorporarse en mejores condiciones a la agricultura”.
Así lo ha indicado hoy el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en declaraciones a los medios de comunicación al término de la reunión mantenida del Consejo Agrario; un foro este de debate en el que están presentes las organizaciones agrarias, (Asaja, COAG y UPA), Cooperativas Agroalimentarias, los sindicatos UGT y CCOO y la confederación de empresarios CECAM.
Este banco de tierras será resultado de la extinción de las Cámaras Agrarias en Castilla-La Mancha, una vez que se apruebe, previsiblemente antes del verano en las Cortes regionales, el anteproyecto de Ley por el cual desaparecen estas entidades, ahora en desuso desde que se crearon las organizaciones profesionales agrarias.
A partir de su extinción, el patrimonio de estas Cámaras pasará a ser gestionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para fines agrarios, pudiéndose cediéndose el uso o las propiedades inmobiliario a las organizaciones agrarias y el dinerario se destinará para inversiones en infraestructuras rurales en las provincias donde se ha generado, como son caminos rurales.
Dentro del patrimonio inmobiliario se encuentra el patrimonio rústico, que será el “germen” de este futuro banco de tierras público, “muy demandado por las organizaciones agrarias que han dado su unanimidad a favor de este anteproyecto”, ha explicado el consejero.
Ayudas extraordinarias para el sector vitivinícola
Además de este asunto, en el encuentro de hoy se han abordado otros de relevancia como las ayudas extraordinarias para el sector del vino. En este sentido, Martínez Arroyo ha recordado que este asunto, apoyado por la región y trasladado en su día al propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; y promovido también a instancias de España en el Consejo de Ministros de esta semana, será estudiado por la Comisión Europea y se abordará en el siguiente encuentro europeo del 26 de abril.
Se trata de poder activar los mecanismos de mercado para el sector, afectado por la crisis económica sobrevenida por la sanitaria con recursos extraordinarios. Y es por ello, debido a la importancia de que haya fondos extraordinarios para tal efecto, que el consejero ha insistido en que “se van a redoblar los esfuerzos de aquí al 26 de abril, fecha en la que se reunirá el Consejo de Ministros, para que se apruebe ese fondo extraordinario de ayudas desde Bruselas tan importante para el sector del vino”.
En materia vitivinícola, también, el Gobierno se ha comprometido en poner en marcha un plan de digitalización del sector vitivinícola que se creará de manera paralela a la tramitación de la Ley del Vino de la región. De forma simplificada, cualquier viticultor al entregar Ia uva en bodega, podrá hacerlo desde su móvil a través de un código QR.
Es, ha dicho, “un cambio absoluto de la relación del viticultor con la bodega y de la bodega con la administración”, dando mayor trazabilidad de la que se tiene en este momento en la región y agilizará la gestión con la administración.
Ampliado el plazo de la solicitud única de la PAC hasta el 15 de mayo
También hoy, se ha acordado la ampliación del plazo de la solicitud única de la PAC al 15 mayo de este año, en vez del 30 de abril como estaba fijado, para facilitar la gestión a las organizaciones agrarias.
Defensa de los trabajadores del campo
El consejero ha trasladado hoy, además, el compromiso del Gobierno regional con los trabajadores del campo. Así, ha explicado que Castilla-La Mancha apoya que en la nueva PAC haya una condicionalidad laboral. O lo que es lo mismo, que no puedan cobrar las ayudas de la PAC los empresarios que vulneren los derechos de los trabajadores.
Y al respecto, ha añadido, Castilla-La Mancha, va a ser “extraordinariamente contundente” en este punto, porque “está por delante el cumplimiento de los derechos laborales y humanos por encima del cobro de la PAC”.
En este sentido, Martínez Arroyo ha resaltado que este tema está en discusión y “nuestra posición en clara: Queremos que haya una condicionalidad laboral para el cobro de las ayudas, porque, además, respaldará, ha dicho, el trabajo mayoritario de los empresarios que sí cumplen. Así ha sido trasladado ya por Castilla-La Mancha al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el encuentro sectorial de la semana pasada.
