La Plataforma en Defensa de un Ferrocarril Público y Social de Cuenca ha expresado su rechazo frontal a la reciente decisión de la Diputación de Cuenca. La institución provincial ha denegado la solicitud de suspensión cautelar planteada para frenar el acuerdo firmado con ADIF y el Ayuntamiento de Tarancón. Este pacto busca levantar las vías del tren en el municipio, afectando a un tramo que actualmente ni siquiera se encuentra clausurado.
Causas de nulidad ignoradas
Según la Plataforma, la Diputación ha rechazado la medida alegando falta de «perjuicios evidentes», ignorando causas de nulidad amparadas en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo. El colectivo sostiene que la eliminación de un tramo de la Red Ferroviaria de Interés General es competencia exclusiva del Consejo de Ministros. Además, advierten de que el Pleno del Ayuntamiento de Tarancón no ha aprobado dicho convenio urbanístico pese a ser el órgano competente.
Vulneración de la legalidad
Ante esta situación, la Plataforma acusa a la Diputación de vulnerar principios constitucionales clave amparados en los artículos 9.3 y 103 de la Carta Magna. Denuncian directamente la falta de interdicción de la arbitrariedad y el nulo servicio con objetividad a los intereses generales. Para la organización ciudadana, la institución provincial está ignorando que el principal deber de toda Administración pública es velar por el cumplimiento estricto de la ley.
Evolución del conflicto ferroviario
Este conflicto en Tarancón representa el episodio más reciente de una prolongada batalla por la supervivencia de la infraestructura en la provincia. La línea convencional protagoniza el debate desde la creación del Plan XCuenca, impulsado para sustituir los trenes por alternativas por carretera tras considerar ADIF deficitario el trazado Tarancón-Utiel. La estrategia de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril mantiene una presión constante frente a los reiterados intentos de desmantelamiento.
Presión en toda la provincia
Apenas unas semanas atrás, en febrero de 2026, el colectivo solicitó al Ayuntamiento de Cuenca rechazar un convenio urbanístico similar sobre terrenos ferroviarios en la capital. En esa ocasión, denunciaron que las instituciones buscaban precipitar la eliminación irreversible de las vías bajo el pretexto de construir nuevos accesos viales al AVE. La justicia ya intervino anteriormente en esta crisis, como cuando el Tribunal Supremo mantuvo las medidas cautelares contra la clausura del trazado, evidenciando un complejo y continuo bloqueo institucional.
