La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), integrada por las organizaciones empresariales de Soria, Cuenca y Teruel, ha presentado este 16 de junio sus alegaciones ante la Comisión Europea para dar forma a la nueva estrategia comunitaria del ‘Derecho a Quedarse’. El lobby advierte a Bruselas de que esta iniciativa no puede limitarse a una simple declaración de intenciones, sino que debe traducirse en ventajas competitivas directas. El objetivo es evitar que los habitantes de estos territorios se vean obligados a emigrar por la falta de perspectivas laborales y económicas.
La estrategia europea, que actualmente se encuentra en fase de consulta pública, busca que la permanencia en el lugar de nacimiento sea considerada una libertad protegida por los tratados, al mismo nivel que la libre circulación de trabajadores. Sin embargo, la red SSPA subraya que esta libertad de elección está estrictamente ligada a las oportunidades disponibles. Los datos históricos de las organizaciones empresariales respaldan la urgencia de la medida: mientras la población española ha crecido un 75% desde la década de 1950, las provincias que conforman este lobby han perdido una media del 43% de sus habitantes. El caso más extremo es el de Soria, donde el 52% de los nacidos en la provincia reside actualmente fuera de sus fronteras.
El empleo como motor de arraigo territorial
El documento remitido a la Comisión Europea incide en que las empresas no se instalan al azar, sino que buscan entornos que ofrezcan condiciones favorables. Sin un tejido empresarial fuerte, no hay creación de empleo y, en consecuencia, los ciudadanos continúan abandonando sus hogares para desarrollar su proyecto de vida en las grandes urbes.
Para revertir esta concentración de recursos en los polos geográficos tradicionales, la red exige un tratamiento diferenciado que compense los sobrecostes estructurales y permanentes de operar en zonas de baja densidad demográfica. Esto requiere intervenir en varios frentes: mejorar de forma urgente las infraestructuras, asegurar la conectividad digital, garantizar el acceso a los servicios básicos y, fundamentalmente, implementar ayudas de Estado efectivas que incrementen el atractivo del territorio para los inversores.
De las ayudas de funcionamiento al derecho europeo
Al repasar el archivo histórico reciente de Liberal de Castilla, se observa que la actividad de la red SSPA ha estado vertebrada de manera constante por la reivindicación de la fiscalidad diferenciada. Durante el último año, la actualidad económica de estas provincias ha girado en torno a las ayudas de funcionamiento, una herramienta ya autorizada por Europa pero que, según el tejido empresarial local, se está aplicando en unos porcentajes demasiado bajos como para generar un impacto transformador en la atracción de empresas.
Este nuevo movimiento ante la Comisión Europea supone una evolución lógica en esa misma hoja de ruta. Al enmarcar sus demandas dentro del ‘Derecho a Quedarse’, la SSPA eleva el debate de la despoblación al marco de los derechos de la ciudadanía europea. La compensación por los sobrecostes y el apoyo a la actividad empresarial ya no se plantean únicamente como un incentivo económico, sino como la condición indispensable para garantizar una libertad fundamental. De este modo, la actualidad conecta directamente con el histórico de reivindicaciones: se busca un compromiso político firme que demuestre que, sin una inversión incisiva y un trato diferenciado, el derecho a no abandonar la tierra natal es completamente inviable.
