Los comerciantes del centro de Cuenca, concretamente en la zona de Carretería, han dado la voz de alarma tras los robos y actos vandálicos sufridos durante las últimas semanas. Ante esta situación, la presidenta del Grupo Municipal Popular, Bea Jiménez, ha recorrido este miércoles las calles del área comercial para recoger directamente las demandas de un sector que se ve obligado a trabajar con miedo e incertidumbre.
Durante los encuentros, los propietarios de los negocios han trasladado su preocupación y han planteado herramientas específicas para atajar la inseguridad. Entre las principales reivindicaciones destaca la instalación de cámaras de videovigilancia, una medida de carácter disuasorio que, según los afectados y la líder popular, facilitaría la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Jiménez ha instado al equipo de Gobierno socialista a tomar decisiones de forma inmediata, lamentando que el problema se haya enquistado por la inacción municipal. Desde el Partido Popular señalan que ya existen propuestas sobre la mesa planteadas por el propio sector y por su grupo político, por lo que han vuelto a tender la mano al Ayuntamiento para implementar soluciones reales que devuelvan la tranquilidad a las calles de la capital conquense.
Contexto histórico y evolución
El debate sobre la seguridad en las zonas comerciales de Cuenca responde a una problemática persistente en la ciudad. El archivo de Liberal de Castilla durante el último año refleja cómo el Grupo Municipal Popular ha llevado al pleno del Ayuntamiento diferentes mociones exigiendo un refuerzo policial y la instalación de sistemas de videovigilancia, tanto para prevenir el vandalismo urbano como para proteger el tejido económico local.
La evolución de esta demanda muestra una clara transición: lo que hace meses se planteaba en los plenos como una medida preventiva y de disuasión general, se ha convertido ahora en una urgencia ineludible debido a la materialización de los robos. Esta trayectoria evidencia que las advertencias previas del sector comercial no encontraron una respuesta técnica o presupuestaria por parte del Gobierno local, transformando un problema de mantenimiento del orden público en una crisis de seguridad directa para los negocios del centro de la ciudad.
