El pasado 17 de abril, VOX Cuenca, en coherencia con la estrategia desplegada por un partido nacional que no acomoda sus discursos de manera oportunista al territorio donde despliega su acción, presentó una denuncia ante la fiscalía para que esta iniciara diligencias de investigación ante los posibles delitos cometidos en las residencias de ancianos de nuestra provincia durante la actual crisis desatada por el COVID-19. En la denuncia se pedía la adopción de medidas urgentes para esclarecer lo ocurrido en esos centros, en los cuales la virulencia de la epidemia ha sido especialmente grave.
Desde el principio de esta epidemia, a la que el PSOE y sus socios podemitas y secesionistas restaron importancia para poder continuar con su agenda ideológica, VOX ha reclamado no sólo la realización de pruebas diagnósticas y la provisión de medidas de protección para aquellos que han estado más expuestos al contagio –personal sanitario, servidores públicos-, sino un especial cuidado con colectivos tan vulnerables como el de nuestros ancianos. En una provincia como la nuestra, con tan graves problemas demográficos y de envejecimiento, con residencias de ancianos inacabadas como la de Beteta, los responsables políticos no han estado a la altura de las circunstancias. Los números son elocuentes: el balance oficial de víctimas mortales por COVID-19 se acerca ya a las 300 personas.
En estas circunstancias, ayer tuvimos conocimiento de que la Fiscalía Provincial de Cuenca ha incoado las diligencias de investigación necesarias para investigar el presunto delito contra el derecho de los trabajadores del art. 316 y concordantes del Código Penal e infracciones conexas. VOX no dejará de mantenerse vigilante, y adoptará todas las medidas legales oportunas, en aras del bien común y de la salud de todos los conquenses, independientemente de su edad.
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