El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado, en la sesión del Consejo de Gobierno celebrada este martes, el acuerdo de un nuevo incremento retributivo del dos por ciento, que va a beneficiar a más de 96.000 empleados y empleadas públicos vinculadas al sector público regional. Este porcentaje se aplicará con efectos retroactivos de 1 de enero de este año.
Esta subida se hace efectiva una vez que se ha publicado el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 25 de junio, en aplicación de lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2023, tal y como ha señalado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en una rueda de prensa que ha ofrecido hoy junto con el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, tras la celebración del Consejo de Gobierno.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha detallado que, a esta subida se le podrá aplicar un 0,5 por ciento adicional, si la inflación acumulada en el periodo 2022-2024 supera el incremento fijo del ocho por ciento, algo que, como ha indicado, ya se ha producido, pero “hasta que no lo certifique el INE, a fecha de 31 de diciembre, no podrá ser efectivo”. Un incremento, que se aplicará a principios de 2025, con efectos retroactivos también a 1 de enero de 2024.
Con esto, Ruiz Molina ha hecho hincapié en que el Ejecutivo autonómico aplica, tal y como fue su compromiso, el “incremento que nos autoriza la normativa básica del Estado en cada ejercicio”; y se hace de manera inmediata, “incluyéndolo en la nómina del mes de julio”, para beneficiar a “decenas de miles de familias de Castilla-La Mancha”, siendo, según ha concretado, “de las primeras comunidades autónomas en aprobarlo”.
Con un impacto económico cerca de los 80 millones de euros
El consejero ha dado a conocer que esta nueva subida del dos por ciento “supone un coste de cerca de 80 millones de euros, recogido también en la Ley de Presupuestos de la Junta”, y que va a beneficiar a los empleados y empleadas vinculados al sector público regional, y que incluye al personal de la Administración regional, a los trabajadores de las plantillas de empresas públicas y fundaciones del sector público regional, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y a la parte correspondiente de la Universidad de Alcalá de Henares y del profesorado vinculado a las plazas públicas en centros de enseñanza concertados.
Con esta subida, según ha señalado el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, y si se cumplen las previsiones de crecimiento del Índice de Precios al Consumo (IPC) previstas en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado el 19 de octubre de 2022, y se aplica el 0,5 por ciento adicional, este personal en Castilla-La Mancha verá incrementadas sus retribuciones un 9,5 por ciento, si se suman las registradas en 2022 y 2023, en un 3,5 por ciento y el dos por ciento del ejercicio de 2024.
Un Acuerdo Marco, que según ha recordado el consejero, firmó el Gobierno de la Nación y las organizaciones sindicales, en el que se fijaron entre otras medidas, un incremento retributivo para los empleados al servicio de la Administración Pública durante el periodo 2022-2024, con un incremento salarial fijo, más un porcentaje adicional ligado a la evolución del IPC Armonizado y del Producto Interior Bruto nominal (PIB).
Las retribuciones a los empleados públicos han crecido un 24 por ciento con García-Page
En base a todos estos datos, desde que Emiliano García-Page preside el Gobierno de Castilla-La Mancha (2015), las retribuciones a los empleados públicos se han incrementado en términos acumulados en más de un 24 por ciento, un porcentaje, que según ha señalado Ruiz Molina, “es muy superior al que se han experimentado en otras administraciones públicas”, y que se debe a dos motivos.
El primero de ellos, ha explicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, porque el Gobierno de Castilla-La Mancha se han aplicado los “incrementos retributivos máximos” que autoriza la Ley de Presupuestos Generales del Estado en cada ejercicio; y, en segundo lugar; porque se recuperó la merma salarial, que se conoce como Tasa Cospedal, por un importe de un tres por ciento. Con este Gobierno, ha continuado Ruiz Molina, “no solo devolvimos ese tres por ciento, sino que añadimos un 0,5 adicional por la paciencia de los trabajadores”.
Repercusión directa en la mejora de los servicios públicos y la calidad de vida y bienestar
Ruiz Molina ha manifestado que estas gestiones vienen a mejorar las condiciones laborales y retributivas del personal empleado público, siempre “desde el diálogo social”, siendo una herramienta fundamental para el Ejecutivo autonómico por la repercusión directa que tiene en la mejora de la calidad y la excelencia de los servicios públicos y, en consecuencia, en la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía de Castilla-La Mancha.
Esta apuesta se refleja en el Capítulo I, destinado a gastos de personal, que, durante estos más de 8 años de Gobierno, se ha incrementado en 1.400 millones, lo que supone un 50 por ciento más en términos porcentuales. El consejero ha destacado que todo esto ha permitido “aumentar las plantillas, fundamentalmente en los servicios públicos que sustentan el Estado del Bienestar; mejorar las condiciones de trabajo y mejorar sus retribuciones”.
Ambiente de estabilidad institucional y política y de diálogo social
A preguntas de los periodistas sobre los datos del paro del mes de junio que se han dado a conocer hoy, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha hecho una valoración “positiva” de los mismos con esa reducción de 3.449 parados en la región y que sitúa la cifra global en 123.094 personas; cifra similar a la que teníamos en septiembre de 2008. Además, ha recordado que tenemos 4.000 parados menos que hace un año y casi 11.000 afiliados más a la Seguridad Social.
Por tanto, Ruiz Molina ha felicitado al Gobierno regional en su conjunto por estas cifras que, ha sostenido, son “consecuencia de las políticas económicas” que se están desarrollando en la Administración regional y que tienen mucho que ver con ese “ambiente de estabilidad institucional y política y de diálogo social” que se mantiene con los agentes sociales; un hecho que unido al “buen uso del presupuesto público” en la distribución de todas las políticas de gasto está provocando que el nivel de empleo crezca por encima del conjunto de España.
