El cierre de la línea Aranjuez Cuenca Utiel forma parte de la ominosa historia que se inicia durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de transportes, con Isabel Pardo de Vera como presidenta del Administrador de infraestructuras ferroviarias (ADIF) y Emiliano García Page en la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha. A través de la investigación de la unidad central operativa de la guardia civil (UCO) y de las declaraciones ante el Tribunal supremo, tenemos datos que ofrecen una perspectiva intrigante de las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Transportes y el administrador de infraestructuras ferroviarias (ADIF).
Según la UCO el año 2019 fue clave no porque el ministro Ábalos alquilara a Jéssica R. un piso de lujo en Madrid (que costaba más de 2.700 euros al mes), y efectuara pagos mensuales de poco más de 1.000 euros. Tampoco porque Koldo García consiguiera que Isabel Pardo de Vera proporcionase dos trabajos a Jéssica R en las empresas públicas INECO y Tragsasec, a las que nunca acudió.
La importancia de 2019 radica en que según las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) Isabel Pardo de Vera y el director general de Carreteras, Javier Herrero, en conexión de José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, modifican el sistema de evaluación de licitaciones y el cambio del sistema permite que amañen la evaluación de las ofertas de empresas constructoras. Ese año Acciona se lleva la obra de la A-68 por 92,4 millones. Según la UCO, por las concesiones a Acciona se reparten Ábalos y Koldo más de 600 mil euros.
Fue durante ese año clave, concretamente en diciembre de 2019, cuando el Gabinete del Presidente de Castilla-La Mancha dirigió una carta a ADIF indicando que García-Page estaba interesado en mantener una reunión con la Presidenta, Isabel Pardo de Vera, para tratar de varios temas de interés para la Comunidad Autónoma. El mensaje menciona a dos personas que acompañarían a García-Page, que serían el vicepresidente de la comunidad, José Luis Martínez Guijarro y el director de su gabinete, Francisco Javier Nicolás Gómez, a la vez que advertía que se podían sumar al encuentro los alcaldes de Talavera de la Reina y de Cuenca.
Cuando al ministro Ábalos le cesan, en su discurso de despedida del 17 de julio de 2021 señala que el Ministerio cuenta con un contrato programa de Renfe, los planes estratégicos de Renfe y ADIF y 17.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para distribuir. Pues bien, en este escenario millonario, es en el que se va a llevar a cabo la sorprendente aprobación del proyecto de clausura de la línea Aranjuez-Cuenca-Utiel iniciado por Ábalos y que de forma torticera concluyó Isabel Pardo de Vera en colaboración con la Junta.
Según la Plataforma en defensa del ferrocarril el estudio que sirvió de base para justificar el cierre de la línea fue encargado a la consultora INECO, participada por ADIF y en esos momentos presidida por la hoy investigada Isabel Pardo de Vera. Este informe, que «nunca fue compartido con los municipios afectados, ni con colectivos ciudadanos ni con los trabajadores del ferrocarril, circuló exclusivamente entre las cúpulas del PSOE y la patronal conquense». Por este motivo, la Plataforma en Defensa del Ferrocarril denuncia el papel clave de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la gestación del Plan X Cuenca que justifica el cierre de la línea. Ante hechos tan contundentes que afectan a la clausura de la línea, solo sorprende la silenciosa complicidad del Partido Popular de la región.
Opinión de Fernando Casas Mínguez
