La Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social de Cuenca denuncia el llamado “Plan X” como una operación orquestada desde las más altas esferas del Ministerio de Transportes, ADIF e INECO, con la participación directa de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF y exsecretaria de Estado de Transportes, actualmente investigada por su presunta implicación en una trama de adjudicaciones irregulares.
Desde finales de los años 2000, la línea ferroviaria de Cuenca fue abandonada sin mantenimiento. En noviembre de 2020, INECO elaboró un informe a petición de ADIF, con evidentes sesgos y omisiones, para justificar su clausura. Tras la tormenta Filomena en enero de 2021, se interrumpió el tráfico, y aunque en marzo se anunció la disponibilidad de 20 millones de euros para su reapertura —confirmado por representantes del PSOE—, el Ministerio bloqueó los trabajos poco después.
En julio de 2021, apareció un documento atribuido a la CEOE de Cuenca, pero elaborado en realidad por el Ministerio y ADIF, con el respaldo de todas las instituciones gobernadas por el PSOE. Este documento, basado en el informe de INECO, sirvió para justificar el cierre y proponer compensaciones claramente insuficientes.
En marzo de 2022, Isabel Pardo de Vera, ya como Secretaria de Estado, firmó el Protocolo del Plan X, un documento sin valor jurídico vinculante, que sirvió de base para iniciar el procedimiento de clausura… en pleno Año Europeo del Ferrocarril.
Hoy sabemos que el Supremo ha solicitado la imputación de Pardo de Vera por su presunta participación en una red de adjudicaciones irregulares, en coordinación con el exministro Ábalos y su asesor Koldo García. Esta información refuerza nuestras sospechas de que el cierre de la línea Cuenca–Utiel no fue una decisión técnica, sino una operación política y especulativa, con posibles tintes de corrupción.
Desde la Plataforma exigen la reapertura inmediata de la línea, la depuración de responsabilidades y una auditoría independiente sobre todo el proceso. El ferrocarril es un derecho de la ciudadanía, no un botín para intereses privados.
