La Asociación de Municipios Ribereños se reunió ayer, 10 de marzo, con el secretario de Estado de Medioambiente, el director General del Agua y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo para desbloquear el convenio que permita, entre otras inversiones, recepcionar las obras de Morillejo. El convenio, que data de 2007, se debería haber liquidado en 2014
María de los Ángeles Sierra, presidenta de la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía; Borja Castro, vicepresidente y presidente de la nueva Mancomunidad que regirá precisamente la gestión del agua de Morillejo; y Francisco Pérez Torrecilla, diputado regional y vocal de la Mancomunidad en la Comisión de Explotación del Trasvase, acudieron junto al técnico de la Asociación a una reunión con el secretario de Estado, Hugo Morán, el director del Agua, Teodoro Estrela, y los responsables de la CHT para abordar la inversión de millones de euros en obras de mejora para sus municipios.
Buenas noticias, por fin, para los ribereños, que desbloquearon el convenio y obtuvieron el compromiso de avanzar según el plazo previsto. Además de las obras de Morillejo, el convenio abarca otras actuaciones de primera necesidad en los pueblos ribereños, que vienen a paliar deficiencias en las redes hidráulicas y sanitarias que arrastran desde hace décadas.
Para la presidenta, también alcaldesa de Cañaveruelas, uno de los municipios que han de ser abastecidos por cisternas cada verano, “se trata no solo de un compromiso político, sino de una obligación moral para con los ribereños, que esperan por fin ver saldado tras años y años de promesas incumplidas”.
En la misma línea, Castro, lamenta “haber tenido que esperar tantos años para que un gobierno cumpla por fin con lo acordado, desbloqueando una inversión de tantos millones de euros pendientes de ejecutar para el desarrollo de nuestros pueblos, históricamente castigados por el Trasvase”.
Por su parte, Pérez Torrecilla resaltó la importancia de este convenio, “que llevábamos años reclamando para su cumplimiento, por cuestión de justicia, como compromiso real para luchar contra la despoblación y ayudar a mitigar una deuda histórica con nuestra comarca, siempre obligada a ser solidaria con el resto de España”.
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