En una entrevista en el Palacio de Fuensalida para el medio ’65 y más’, García-Page declara que «no puede volver a pasar» que la política del gobierno del Estado «arrastre al PSOE» en la comunidad de Castilla-La Mancha. Es razonable que el presidente castellanomanchego prefiera que se anticipen las elecciones generales para que no vuelva a ocurrir lo sucedido en las elecciones municipales y autonómicas del año 2023, en las que el rechazo al gobierno de Pedro Sánchez hizo perder al PSOE ayuntamientos y diputaciones de Castilla-La Mancha.
Lo que quizás no sea razonable es la estrategia diseñada por García Page para lograr que su preferencia se cumpla. Parece consistir en arremeter contra la política del gobierno del Estado en temas sensibles. El 10 de junio de 2025, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha acordó recurrir ante el Tribunal Constitucional el real decreto-ley Real decreto ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. Se recurre ante el Constitucional el decreto alegando que el reparto de menores migrantes se aprueba «sin diálogo» con las comunidades autónomas y que «pone en riesgo la garantía del interés superior del menor», al no acoger a los menores “en condiciones dignas”.
No es correcto decir que ha faltado diálogo. La ley fue acordada durante los debates de investidura del año 2023 por los dos partidos mayoritarios -Partidos Popular y el Partido Socialista- con Coalición Canaria. Su elaboración comenzó en enero de 2024 a través de la Comisión Interministerial de Inmigración y La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. En junio del año 2024 se celebra una ronda de encuentros con todos los grupos políticos en el Congreso y el Gobierno de Canarias para recoger las aportaciones de los grupos. El decreto ley fue convalidado el 10 de abril del 2025 por el Congreso de los diputados por 179 votos favor (incluidos los votos de diputados socialistas de Castilla-La Mancha), 170 en contra y una abstención.
Sostener que el decreto ley pone en riesgo el interés superior del menor es una falsedad. Por el contrario, lo que supone un riesgo para la dignidad del menor es el hacinamiento existente en Canarias y Ceuta. No es fácil entender que Castilla-La Mancha, con una población de más de dos millones cien mil habitantes, rechace el reparto de 500 menores extranjeros no acompañados, invocando la dignidad del menor, y no aprecie que es una vulneración flagrante de la dignidad de los menores que la comunidad de Canarias, de dos millones de habitantes esté tutelando a seis mil menores; o que Ceuta, con una población de 84.000 habitantes, atendiera el año 2024 a 867 menores migrantes no acompañados.
De acuerdo con la ley todas las comunidades tendrán que recibir a los menores que salgan de Canarias y de Ceuta. Solo Cataluña con 4.600 plazas de acogida y el País Vasco con 1500 plazas, serán las comunidades que reciban menos menores extranjeros no acompañados, porque ambas comunidades cuentan con un número de plazas de acogida superior en proporción al de la mayoría y llevan años ampliándolas.
En resumen, el real decreto ley se adoptó a través del diálogo, para amparar a todos los territorios ante una contingencia migratoria. Parte de la realidad del esfuerzo realizado en la atención a menores por las comunidades el año anterior. Establece de manera específica un fondo económico y preserva las competencias y la autoridad de las comunidades autónomas.
Que el gobierno de Castilla-La Mancha interponga un recurso de inconstitucionalidad al decreto, invocando retóricamente el discurso de garantizar la dignidad y el interés superior del menor, es una muestra torticera de insolidaridad. El recurso implica desprecio a los derechos del menor, escaso “sentido de Estado” y ninguna altura de miras. En última instancia, lo que el recurso expresa es rechazo al gobierno del Estado y está motivado por el afán de ocupar un buen lugar en la parrilla de salida para atrapar cuantos más votos mejor en las próximas elecciones.
Opinión de Fernando Casas Mínguez.
