Los terrenos del ferrocarril son públicos, es decir, de toda la ciudadanía, aunque estén gestionados por Adif. Por eso, cuando el colegio de Arquitectos recurre la demolición del llamado muro de las banderas -junto a la Estación- que llevan a cabo el Ayuntamiento de Cuenca (Dolz) y la Diputación (Chana) se paró el derribo.
La destrucción la comenzaron ambas instituciones en abril del 2023, dentro del plan contra Cuenca para desmantelar el ferrocarril. Fue paralizada por los jueces, porque además de disparatada era presuntamente ilegal, al llevarse a cabo en terrenos públicos que no han sido “desafectados”.
La Asociación de Vecinos del barrio de Casablanca ha manifestado estar preocupada por el estado “deplorable en el que ha quedado el barrio tras el derrumbe del muro de la estación” que promovieron Dolz y Chana.
La presidenta de la Asociación, ha declarado que el barrio “ha mostrado siempre su interés en mantener la estación de tren como un recurso económico, cultural e incluso histórico” y solicita, que se acondicionen de forma urgente los terrenos de Renfe, dándoles una solución satisfactoria.
A la vista de lo expuesto, lo más razonable sería que los responsables de la demolición, es decir los representantes del PSOE que mandaban en el Ayuntamiento y la Diputación de Cuenca, restauraran el muro, repararan los daños causados y acondicionaran la zona, en beneficio de las personas que residen en el barrio.
Sin embargo, la concejala y portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento Cuenca, haciendo una interpretación enrevesada del asunto declara que la culpa del mal estado de la zona es de los recursos judiciales.
En vez de asumir la responsabilidad del estropicio, causado por la demolición promovida por dirigentes del PSOE, aprovecha la queja de la asociación de vecinos para pedir la retirada de los recursos judiciales y hacer publicidad de 400 plazas de aparcamientos “que no se han hecho en el barrio”, porque los recursos han paralizado las obras.
Esta declaración de la concejala del grupo socialista tiene su intríngulis. Pone de relieve, en primer lugar, que confunde el interés de los vecinos con el de las empresas constructoras; en segundo lugar, que no se ha enterado de los problemas jurídicos existentes y, por último, que está dispuesta a mantener la zona abandonada.
La concejala tiene tanto afán por destruir el tren regional Aranjuez-Cuenca-Valencia, para que los constructores se beneficien de pelotazos urbanísticos, que se atreve a despreciar los recursos del colegio de arquitectos ante el juzgado de lo contencioso, el que interpusieron los alcaldes de once pueblos ante el Tribunal Supremo y en fin, los que han presentado la Plataforma por el ferrocarril, Ecologistas en acción y Comisiones Obreras, para defender los intereses de la ciudadanía que consideran que el futuro de la provincia está en el tren.
Por Fernando Casas Mínguez.
