La Asociación de Vecinos Centro de Cuenca ha criticado la falta de voluntad del Ayuntamiento para promover una verdadera consulta pública sobre el proyecto de reurbanización de la calle Carretería. En respuesta a la invitación municipal para asistir a una reunión explicativa, el colectivo vecinal ha denunciado las reiteradas negativas del Consistorio a compartir la documentación previa, un requisito indispensable para que los arquitectos e ingenieros de la asociación puedan analizar la propuesta técnica.
Para la asociación, este encuentro se plantea como un mero formalismo destinado a justificar la transparencia ante los fondos europeos (EDUSI o EDIL), y no como un espacio real para integrar las aportaciones ciudadanas. Además, consideran sorprendente y reduccionista que el Ayuntamiento intente basar la consulta pública en una encuesta elaborada a título personal por un único socio, excluyendo la opinión general de los vecinos. Frente a esto, exigen un proceso de exposición pública abierto a toda la ciudadanía, donde se expliquen los objetivos y efectos urbanos, así como un mecanismo formal de sugerencias con respuesta motivada.
Contexto y evolución
La tensión entre los vecinos y el Ayuntamiento de Cuenca por la falta de transparencia en la reforma de Carretería es un conflicto que lleva meses escalando. El proyecto fue presentado originalmente en mayo de 2025, con una inversión anunciada de seis millones de euros y la promesa de iniciar las obras en 2026 para regenerar este eje urbano. Sin embargo, la gestión del proceso participativo ha generado un profundo malestar.
El punto más crítico de esta desconfianza se evidenció el pasado 20 de febrero de 2026. En una acción inédita, la Asociación de Vecinos de Cuenca Centro se unió al Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, la RACAL y partidos de la oposición (PP, Vox, Cuenca en Marcha) para registrar una carta conjunta en el Ayuntamiento. En ese documento ya exigían la consulta pública del anteproyecto y alertaban sobre posibles irregularidades en la contratación mediante contratos menores, advirtiendo que la opacidad ponía en riesgo la financiación de los fondos europeos FEDER si no se cumplían los criterios de participación ciudadana exigidos por la normativa. La actual negativa a acudir a la reunión explicativa es, por tanto, el último paso de un colectivo que lleva meses reclamando un acceso real y técnico a la información del proyecto.
