En nuestro sistema democrático pluralista, las organizaciones políticas, económicas, sociales, ecológicas y un largo etcétera son las protagonistas de la escena política, aunque el papel de las personas siempre es clave. De ahí que la ciudadanía confíe en que quienes estén al frente de las instituciones defiendan su programa con dedicación, sentido de la responsabilidad y mesura.
Sin embargo, en demasiadas ocasiones nos encontramos con que la actuación de quienes desempeñan cargos públicos no responde a las expectativas ciudadanas. Analizando las políticas regionales en materia de desarrollo sostenible comprobamos que hay políticas contaminantes que se adoptan de manera irresponsable y con total impunidad. Es lo que ha ocurrido con la denominada planta de reciclaje de residuos industriales no peligrosos de Almonacid del Marquesado (Cuenca).
El delegado provincial de agricultura y medioambiente declaró en septiembre de 2018, que la Junta iba a estar “muy encima de la empresa concesionaria, Griñó Ecologic S.L, para que no hubiera ningún problema para el medio ambiente, ningún vertido, ningún lixiviado» (líquido tóxico que se filtra del vertedero). Pero cuando uno analiza la actuación de la consejería de desarrollo sostenible de la Junta comprueba que su aptitud y pericia es tan limitada que ignora lo que sucede.
Desde el comienzo de la explotación, en septiembre del 2019, se declaró un incendio misterioso en la instalación que duró más de 42 horas (entre el 26 y el 28 de junio del año 2021) creando una nube tóxica por la combustión de residuos que no tenían la autorización de Medio Ambiente. En octubre del año 2022, la guardia civil abre una investigación y lleva a cabo cinco detenciones en las instalaciones de Reciclados Marquesado por contrabando de tabaco. Pero lo más grave es que en la instalación venga operando desde el año 2021 una red criminal internacional.
Nos acabamos de enterar, enero 2025, que empresas italianas contratadas para la gestión de residuos urbanos, derivaban su eliminación a las plantas de Constantí (Tarragona) y Almonacid del Marquesado (Cuenca) para ahorrar costes. Y todo ello gracias a la operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona, desarrollada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, con el apoyo de Europol.
Según los cálculos del Seprona, desde el 2021 más de 40.000 toneladas al año de residuos italianos se han arrojado ilegalmente en vertederos españoles. La empresa concesionaria Griñó Ecològic S.L. recibía presuntamente parte de los residuos por vía marítima y diariamente se enterraban en Constantí y Almonacid del Marquesado toneladas de residuos urbanos provenientes de Italia, incluyendo residuos peligrosos y tóxicos, que pueden generar un daño en los ecosistemas y la salud de las poblaciones colindantes.
El alcalde de Almonacid del Marquesado y presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha pedido que no se utilice políticamente la actividad criminal de la red internacional que operaba en el macrovertedero de su pueblo. Sin embargo, como responsable político él no hizo nada cuando la organización Ecologistas en Acción de Cuenca denunció que la instalación de Almonacid del Marquesado no era la planta de reciclaje de residuos no peligrosos proyectada por la Junta, sino un macrovertedero de residuos tóxicos y peligrosos. Según Ecologistas, existe constancia documental de que la Corporació Griñó S.L. “recepciona, transporta y gestiona residuos provenientes de la Camorra Napolitana” y se detallan los delitos contra los recursos naturales, relacionados no solo con el tráfico ilegal de residuos, sino también con el riesgo de contaminación de aguas subterráneas.
( https://www.ecologistasenaccion.org/327257/asi-es-el-vertedero-privado-mas-grande-de-espana/
Lo más escandaloso y desmoralizador de esta lucrativa mentira del reciclaje es que en vez de asumir responsabilidades por su abrumadora incompetencia, las irresponsables autoridades regionales nos amenazan con expandir sus políticas contaminantes. En efecto, como la riqueza contemporánea es la basura, la consejera de desarrollo sostenible, María Mercedes Gómez Rodríguez, y el alcalde de Almonacid del Marquesado y presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, proyectan una nueva Planta de tratamiento de los residuos en Villanueva de los Escuderos, a veinte kilómetros de la ciudad de Cuenca, en una zona de alto riesgo de incendio forestal, amenazando espacios protegidos y hábitats de protección especial para la biodiversidad.
Opinión de Fernando Casas Mínguez
