CCOO siempre ha estado dispuesto a contribuir de forma responsable en la construcción de un Estado de Bienestar con sólidas bases, para lo que se hace imprescindible, entre otras cuestiones, y máxime después de la terrible etapa pandémica, la consolidación y el crecimiento del Empleo Público. Un sector, el público, y todos y cada uno de sus profesionales, que han demostrado con creces que tienen capacidad y preparación suficientes para afrontar una situación complicada.
Por otra parte, la Ley 20/21 obliga a las Administraciones a aprobar y desarrollar convocatorias de estabilización de empleo público, que, por un lado, fijen plantillas y a la vez, impidan el abuso de la temporalidad en las distintas administraciones. Una Ley, tan ambigua e interpretable que nos ha llevado a una negociación complicada.
La Administración no nos lo ha puesto fácil. Nos ha faltado tiempo, nos ha faltado información, y nos han sobrado dudas.
Nos habéis presentado propuestas distintas para cada uno de los sectores, algo que nos ha complicado aún más fijar posturas comunes y en algún momento hemos tenido la impresión de estar dedicando tiempo y esfuerzo en una negociación con escasas garantías jurídicas.
A esta incertidumbre contribuye también el hecho de que si levantamos la mirada más allá de nuestro territorio, la casuística que encontramos es variopinta, ya que desde Función Pública estatal no han sido capaces de fijar criterios comunes por lo que cada Comunidad Autónoma ha tenido que negociar condiciones propias según su situación concreta.
A pesar de todo esto, en CCOO ha prevalecido la idea de que no podíamos desaprovechar una oportunidad como ésta y creemos que hemos logrado, tras estas duras negociaciones, por un lado, mejorar las propuestas iniciales de los distintos sectores y, por otro, compromisos a corto plazo para seguir avanzando en empleo público de calidad para más servicios y más colectivos.
Hoy debatimos la oferta pública, queda por negociar la convocatoria en la que seguiremos peleando por conseguir materializar todas las mejoras que la Ley nos permita, con el objetivo de facilitar al máximo el acceso de todos y todas las participantes a puestos de trabajo público con las mayores garantías jurídicas, y esperamos que la Administración también ponga de su parte.
