CCOO ha pedido la implicación de la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en el conflicto que vive el sector de la Dependencia, “en permanente tensión laboral y completamente paralizado a nivel asistencial”, fundamentalmente “por el bloqueo patronal del convenio colectivo y por el enorme déficit de financiación por parte del Estado.”
“Ante la situación de conflictividad que estamos viviendo, nos hemos reunido con la consejera y con la directora general de Mayores, Alba Rodríguez, para trasladarles nuestra preocupación y pedirles su implicación en la solución de esta situación, sobre todo en lo referido a Residencias Privadas de Mayores”, indicó la secretaria general de CCOO-Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CLM, Chelo Cuadra.
Cuadra y la responsable de CCOO-SySS en Toledo, Toñi Márquez, informaron también a la consejera y la directora general de las movilizaciones ya celebradas y las previstas, “tanto en nuestra Comunidad Autónoma como a nivel estatal.”
“Compartimos con la consejera la necesidad de que la financiación estatal llegue de una vez por todas. En la actualidad, el Estado solo aporta a CLM el 17% del presupuesto de Dependencia, porcentaje que debiera ser del 50%”, indicó Cuadra.
Simultáneamente, las patronales del sector mantienen bloqueada la negociación del convenio colectivo estatal, que en CLM afecta a unas 13.000 personas, la mayoría mujeres, que trabajan en residencias privadas de mayores, centros de día y viviendas tuteladas.
“Por ambos motivos, para exigir al Ministerio que cumpla y a las patronales que negocien, es por lo que venimos movilizándonos; el 30 de noviembre ante las sedes de las patronales en cada comunidad autónoma y pasado sábado, 14 de diciembre, ante el Ministerio de Sanidad, donde miles de trabajadoras del sector de la Dependencia se dieron cita para hacer visibles sus problemas y la urgencia de que se tomen de forma inmediata medidas para revertir la situación.”
“Esperamos que la implicación de las CCAA en la exigencia de la financiación a nivel estatal, junto con las movilizaciones de los trabajadores y trabajadoras por su convenio colectivo, contribuyan de una vez por todas a acabar con esta intolerable situación de un sector que es el cuarto pilar del Estado de Bienestar”, indicó Cuadra.
“Por otro lado, pusimos también en conocimiento de la consejera y de la directora general circunstancias concretas que nos trasladan desde distintos centros, circunstancias que se comprometieron a contrastar y, en su caso, a tomar las medidas necesarias para solucionar cuanto antes.”
“Arrastramos aún las secuelas de los años nefastos del paso del PP por el Gobierno de nuestra región, periodo en el que vivimos situaciones de auténtica gravedad: impago de nóminas a los trabajadores y trabajadoras, bajada de precios en las plazas públicas, impago de conciertos por parte de la Junta a las empresas, plazas públicas sin cubrir por la paralización de las adjudicaciones, modificación de normativa que destruyó empleo en el sector…”
“Es cierto que, en la actualidad, con la nueva normativa acordada entre la Administración y las Patronales de la región, se ha conseguido asegurar los pagos de forma puntual y tener todas las plazas públicas cubiertas mediante procedimientos que agilizan las adjudicaciones.”
“Sin embargo, los precios siguen estando muy ajustados; no se han producido aumentos en las plazas concertadas durante la duración del Contrato Marco (2017-2020) y esto, unido al bloqueo del convenio colectivo y al incumplimiento sistemático por parte del Gobierno central de su parte de financiación de la Ley de la Dependencia, hacen que el sector esté completamente paralizado a nivel asistencial y en permanente conflicto laboral”.
Finalmente, “trasladamos así mismo a la consejera y a la directora general nuestra preocupación por la falta de profesionales, sobre todo sanitarios (Enfermeras y Auxiliares de Enfermería), que deciden dar el paso al sector público en busca de mejores condiciones laborales y profesionales.”
“Abandono que va a ir creciendo de forma progresiva si no se mejoran las condiciones de trabajo; y en esto la patronal tiene una implicación directa; debe entender que valorar a sus profesionales es esencial para fidelizar las plantillas actuales y futuras.”
“La mayoría de las son gerocultoras, categoría laboral que, como otras muchas en el sector, no llegan a ganar mil euros al mes. ¡Qué menos que dar cumplimiento al Acuerdo de Negociación Colectiva por el que se garantice un salario mínimo de 1.000 euros en 14 pagas! Esta es la exigencia sindical a la que las patronales ni siquiera han respondido dejando bloqueada la negociación del convenio.”
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