El jueves pasado fue un día feliz para todos los ayuntamientos y diputaciones de España gracias a la derogación del decreto que habilitaba a la ministra de Hacienda María Jesús Montero, y por extensión a Pedro Sánchez, a apropiarse -vía chantaje- de los ahorros acumulados por las entidades locales durante estos últimos años. En Cuenca teníamos motivos de preocupación, pues la Diputación dispone de un remanente de más de 17 millones de euros y la suma de los ahorros de los ayuntamientos se estima en alrededor de 70 millones de euros.
Una jornada feliz para todos excepto para el presidente de la Diputación de Cuenca que, en un inaudito acto de inquebrantable servilismo partidista, lamentó la derogación del real decreto ley y las inversiones que, a su juicio y en consecuencia, no podría planificar la institución que preside.
El encabezado de sus declaraciones no podía ser más atractivo: “derogar el decreto del superávit supondrá que la Diputación deje de invertir 30 millones”. Pero detrás del seductor titular emerge un cuestionable baile de tres cifras que deja al desnudo al testificante.
UNO. Martínez Chana lamenta que la derogación del decreto supone un bloqueo de 17,4 millones de euros debido a la aplicación de la regla de gasto. No obstante, la ministra de Hacienda ha anunciado recientemente que suspenderá la regla de gasto hasta 2021 y, por tanto, la Diputación no verá bloqueados los fondos diferenciales. Por cierto, la FEMP lleva reclamando, y esta medida sí por unanimidad, la supresión de la regla de gasto desde hace meses. Para más inri, este cálculo millonario no contempla la más que inevitable caída de ingresos provenientes de tributos estatales que sufrirá la Diputación en años venideros debido a la grave crisis económica que estamos atravesando.
DOS. Martínez Chana afirma que la Diputación deja de percibir 6 millones de euros del fondo de 5.000 millones habilitado por el Gobierno. Esa afirmación es temeraria porque no se explicitaba en el decreto el reparto que se haría de dicho fondo ni que fuese proporcional a las aportaciones de remanentes. Y, en realidad, si el Gobierno dispone a día de hoy de ese fondo todavía está a tiempo de arrimar el hombro y repartirlo entre ayuntamientos y diputaciones sin marginar a aquellas que no disponían de remanentes a ceder.
TRES. La última cifra que sumaba en sus castillos en el aire el presidente provincial era de 5,1 millones de la devolución del remanente en los próximos tres años. Sin embargo, según el decreto derogado la devolución se iniciaba con dos años de carencia y se alargaba durante quince años, por lo que también se antoja muy atrevido cuantificar en cinco millones la devolución en tres años si los dos primeros son de carencia y la parte proporcional dividida en quince años apenas supera el millón de euros.
Así, la suma incompleta de millones se evapora y la realidad es que Martínez Chana estaba dispuesto a ceder al chantaje de “donar” más de 17 millones de euros a Pedro Sánchez exclusivamente por disciplina de partido, ahorros de una institución provincial que debería estar más preocupada de las inversiones en nuestra provincia que del titular de prensa y de las espadas partidistas.
No hay precedente, al menos entre sus homólogos socialistas de las diputaciones de nuestra región, de enarbolar esa bandera de defensa de un decreto tan cuestionable que solo fue apoyado en el Congreso por el dúo de la coalición de gobierno y por un señor de Teruel que pasaba por allí. Dicho decreto perjudicaba tanto a los ayuntamientos ahorradores porque minaba su autonomía fiscal mediante chantaje como a los ayuntamientos sin remanentes que no podrían percibir su parte del fondo de compensación. Y Chana defendiendo, de forma lamentable y en soledad, un posicionamiento que incluso dentro de sus propias filas producía recelo.
Durante todos estos meses de pandemia han sido los ayuntamientos los que han tenido que asumir competencias impropias e implicarse sin ambages para combatir la situación sin miramientos políticos; más le valdría a Chana defender un paquete de medidas beneficioso para todos de forma justa, como el aprobado hace meses por unanimidad en la FEMP, en vez de respaldar que Pedro Sánchez quisiese esquilmar a ayuntamientos y diputaciones.
Opinión de Cayetano J. Solana, presidente del Grupo Popular de la Diputación de Cuenca y Alcalde de Villaescusa de Haro
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