El Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado este viernes 27 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el decreto por el que se regula la gestión de estiércoles de explotaciones porcinas en la región, una norma que se va a aplicar desde el día siguiente de su publicación y antes de que acabe la moratoria del sector, fechada para el próximo 31 de diciembre.
Así lo ha explicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en la rueda de prensa que ha tenido lugar en el Palacio de Fuensalida tras informar de este asunto al Consejo de Gobierno, destacando que la finalidad de la aprobación de este decreto autonómico “es favorecer la necesaria transformación del sector del ganado porcino regional, incorporando sistemas tecnológicos apropiados para el tratamiento y valorización de purines, a la vez que reúne las obligaciones dispersas en las distintas normativas, clarificando la producción y gestión de purines en Castilla-La Mancha”.
En este contexto, Gómez ha señalado que “desde el Gobierno regional queremos conseguir, por un lado, adecuar la valorización agronómica de purines generados en las explotaciones ganaderas de porcino de Castilla-La Mancha, mediante la utilización de nuevas tecnologías que mejoren las características de este subproducto y, por otro, favorecer un mayor nivel de protección del medio ambiente y de la calidad de vida de los vecinos en el medio rural”.
El presente decreto establece la prohibición general de valorización agronómica de purines generados en las explotaciones ganaderas de porcino de Castilla-La Mancha de manera directa en el suelo, sin haber recibido un tratamiento previo, debiendo someterlos a alguna de las técnicas establecidas en el propio decreto, con las excepciones que establece el mismo. También se prohíbe la entrada de purines para su valorización a los generados fuera de Castilla-La Mancha.
Un año y medio trabajando con los agentes implicados
Gómez ha explicado que se lleva un año y medio trabajando con los agentes implicados para aprobar este decreto, “que hará que estimule la necesaria transformación del sector, imponiendo estrictos requisitos, entre los que se incluye un régimen de distancias con la finalidad de minimizar la posible afección a las aguas y a la atmósfera y las posibles molestias ocasionadas por olores”. Durante el proceso de participación pública se presentaron 15 alegaciones y se recibieron más de 500 visitas.
“Necesitamos seguir desarrollando el sector industrial asociado al porcino, que representa el 18 por ciento del PIB regional, mantener la industria asociada y el empleo que conlleva. Como Administración, tenemos que ayudarles a encontrar la ubicación idónea y hacer buenas prácticas en este sector”, ha indicado la consejera.
Además, se exige al sector industrial que las explotaciones porcinas de alta capacidad estén integradas con la industria, “que sean valedores para informar a sus ganaderos que cumplan con los requisitos establecidos en este decreto”.
Gómez ha avanzado que se creará un Grupo de Expertos regional en tratamiento de purines, que estará formado por personas cualificadas de las universidades de Castilla-La Mancha, de las consejerías con competencias en agricultura, ganadería y medioambiente, representantes de grupos conservacionistas y también del sector para evaluar las nuevas técnicas de tratamiento de purines que puedan ser autorizadas.
Obligaciones y mayor seguridad jurídica: estructura y articulado del decreto
El decreto de gestión de estiércoles se estructura en 21 artículos, dos disposiciones transitorias, una disposición adicional y dos disposiciones finales. “La puesta en marcha de esta regulación sobre los estiércoles de explotaciones porcinas va a suponer más beneficios que costes para la ciudadanía, por la mejora que se va a llevar a cabo en el tratamiento de estos subproductos ganaderos”, ha indicado Gómez.
“Se ha trabajado para dar mayor seguridad jurídica para todos los operadores y ya en el Capítulo I se establecen una serie de obligaciones exigibles a los productores de purines y a las explotaciones ganaderas que realicen la autogestión de los mismos, recogiendo una serie de actuaciones prohibidas y admitiendo distintas modalidades de gestión”, ha continuado la consejera.
En el texto se recogen las condiciones en que se permitirá la realización de la valorización como fertilizantes orgánicos para el campo castellanomanchego, como solución alternativa a la fertilización inorgánica, “mucho más perjudicial para el medioambiente, más contaminante, más cara y que nos hace depender de las importaciones”.
“Con la valorización de los purines, estos fertilizantes se han convertido en una alternativa de gran provecho para su papel mejorador del suelo y se pretende asegurar mayores rendimientos en las cosechas, al tiempo que también incrementa la captura de CO2 por parte de los suelos”, ha enfatizado la consejera.
Además, el decreto incluye una lista de mejores técnicas disponibles y técnicas adicionales para la valorización agronómica de purines de cerdo, como la digestión anaerobia para obtención de biogás y posteriormente biometano, “técnica que vamos a impulsar desde el Gobierno de Castilla-La Mancha mediante las disposiciones contenidas en este proyecto de decreto y en el Plan Regional de Biometanización 2024-2030”, ha dicho Gómez.
También se añade la obligación de realizar una comunicación previa a la operación de valorización, para poder realizar un mejor seguimiento y control.
Asimismo, se fijan las condiciones en que se deberá realizar el almacenamiento de los purines, tanto en las propias explotaciones ganaderas como en las entidades gestoras de estiércoles, imponiendo una serie de requisitos técnicos que deberán cumplir las balsas, los depósitos y los estercoleros para poder almacenar estos purines. Entre otros, se establece que los sistemas de almacenamiento y estercoleros de nuevas explotaciones de porcino no podrán situarse a una distancia inferior a 2.000 metros del suelo urbano o urbanizable residencial.
Por último, se ocupa de las competencias en la inspección y control de lo dispuesto en el proyecto de decreto, así como el régimen sancionador que resulta aplicable en caso de incumplimiento de sus previsiones.
