UGT Servicios Públicos ha denunciado hoy la falta de recursos y garantías mínimas para atender a los menores que se encuentran en centros y pisos tutelados en Castilla- La Mancha. Tras lamentar lo ocurrido en Badajoz y trasladar el pésame a los familiares y compañeros de la educadora que ha resultado muerta en un piso tutelado, el sindicato ha asegurado que este hecho es la “punta del iceberg” de una realidad en la que no se dan las condiciones óptimas para que las personas trabajadoras desarrollen sus funciones con seguridad y para ofrecer un servicio de calidad.
En rueda de prensa en Toledo, Rosario Madrigal y Estrella Fernández, del sector Autonómico de UGT Servicios Públicos, han explicado la realidad de estos centros y pisos tutelados de la región, apuntando que en la mayoría de ellos tan solo hay un trabajador o trabajadora por turno cuando -al menos- “debería haber dos por turno”. Insistían en que la precariedad laboral y el déficit de las condiciones de trabajo se convierten en este sector en riesgos para la seguridad tanto de los profesionales como de los menores.
“La educación, los cuidados y el acompañamiento a la infancia, adolescencia y juventud requieren de unas condiciones que van más allá de lo mínimo; requieren de un servicio público de calidad”, aseguraba Estrella Fernández.
Pedía a la Junta de Comunidades -responsable de la atención a estos menores- una profunda revisión de los procesos de externalización de este servicio público y, de manera más urgente, un análisis de la realidad de cada centro o piso tutelado para adecuar los recursos que son necesarios, los requisitos a cumplir por los trabajadores/as o los perfiles profesionales que se demandan en cada lugar. “Nosotros nos ofrecemos a colaborar para poner en marcha las medidas que hagan falta pero consideramos que es preciso una importante reflexión sobre qué tipo de modelo de gestión estamos desarrollando”.
Rosario Madrigal señalaba que UGT viene advirtiendo desde hace tiempo a Bienestar Social de las situaciones de falta de personal que hay en la atención a los menores. De hecho, el año pasado el sindicato presentó a la Junta un informe técnico sobre las deficiencias. “Después de las reuniones que mantuvimos con Bienestar Social, finalmente la administración tuvo en consideración nuestras peticiones y reforzó los recursos en la provincia de Toledo”.
Sin embargo, “es fácil comprobar que aún queda mucho por hacer”, máxime cuando – según afirmaba- en Castilla-La Mancha las medidas iniciadas con menores en 2024 aumentaron un 36%.
UGT Servicios Públicos exige igualmente que se lleve a cabo una evaluación de los riesgos psicosociales del personal que trabaja en estos centros, así como avanzar en protocolos unificados a nivel nacional ante situaciones de violencia “para que lo sucedido en Badajoz no vuelva a repetirse”.
Por último, anunciaban las concentraciones que mañana viernes, de 11:30 a 12:30 horas, UGT y CCOO han convocado ante las Delegaciones Provinciales de Bienestar Social de toda la región, así como en la plaza del Pan en Talavera, para condenar la muerte de la educadora de Extremadura.
