La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) advierte que las medidas acordadas hoy en la Conferencia Sectorial de Educación y Sanidad para el regreso a las aulas no funcionarán si no se contrata a personal sanitario en los centros y aumenta el número de docentes para reducir el número de alumnos en las clases, puntos que no se han concretado.
CSIF lleva meses reclamando a las administraciones un plan a medio plazo, con 40.000 docentes más y una inversión mínima por alumno de unos 5.800 euros anuales. Para el sindicato, tanto el Gobierno central como la comunidad autónoma son corresponsables de un escenario de terrible incertidumbre, con medidas que llegan con retraso. No en vano, las administraciones no han sabido adaptarse a los nuevos escenarios de la pandemia a pesar de que desde finales del pasado curso ya se reclamaban actuaciones para afrontar una vuelta al cole segura en septiembre.
Como ejemplo, CSIF expone que medidas acordadas, como que los centros cuenten con equipos de protección individual (EPI) para los docentes cuando un alumno tenga síntomas de coronavirus, requieren cursos de formación especializada que debían haberse previsto con la suficiente antelación y no deprisa y corriendo.
El profesorado no cuenta con conocimientos sanitarios tan específicos y es necesario que antes de manejar estos equipos de protección sepan cómo utilizarlos con plenas garantías sanitarias y de manera correcta.
CSIF lamenta que ahora, a pocos días de que se inicie la actividad lectiva, los responsables políticos se hayan dado cuenta de que hay docentes y alumnado en riesgo de contagio, pudiendo extender el foco de forma masiva. Solo cuando la sociedad ve los riesgos de una vuelta inminente a los centros docentes sin las medidas de seguridad necesarias se reúnen en unos términos que parece más excusa que verdadera solución a esta grave situación.
Los máximos responsables de Educación y Sanidad de todas las comunidades autónomas y de nuestro país no han sido capaces de dejar a un lado los intereses partidistas y de acordar medidas que permitan una vuelta a la actividad docente presencial, como sí ha sucedido en otros países.
Desde CSIF también echamos en falta que los responsables del Gobierno y de las autonomías tampoco aclaren dónde irán los 2.000 millones de euros anunciados en junio como Fondo COVID-19 para la educación. A pocos días del arranque del curso escolar desconocemos cómo se repartirán estas partidas y a qué actuaciones concretas irán destinadas.
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