El portavoz y la presidenta del Grupo Popular en la Diputación de Cuenca, Cayetano Solana y Clara Plaza, respectivamente, han dado a conocer esta mañana en rueda de prensa la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en la que se declaran vulnerados los derechos constitucionales de participación de los diputados del PP en la institución provincial. Los hechos se remontan a noviembre de 2022, al pleno en el que se debatía la aprobación de los presupuestos del siguiente año. El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana se negaba a admitir a debate tres de las cinco enmiendas presentadas por los populares a las cuentas provinciales.
En la sentencia del TSJ se recalca, además, que “una decisión de este tipo ha de argumentarse con una razón que no frustre ni el derecho de los concejales, en este caso diputados, a debatirlas y votarlas, ni el derecho de los vecinos a conocer las razones de estimación o rechazo de esas enmiendas”. Los responsables populares han recalcado que, pese a que la sentencia ya no tiene efectos prácticos al haber sido ejecutado ya el presupuesto de 2023, “sí viene a reiterar y confirmar la soberbia de un presidente, Martínez Chana, que prefiere arriesgarse a que se declaren nulos unos presupuestos antes que admitir unas enmiendas para debatirlas”. En este fallo también se condena a la Diputación a pagar las costas del proceso judicial.
La presidenta del Grupo Popular en la institución, Clara Plaza, ha explicado que las enmiendas presentadas y que el Equipo de Gobierno socialista no admitió para su debate “iban destinadas a mejorar la vida de nuestros vecinos”. Ha recordado Plaza que el PP pidió en esas iniciativas más ayudas para que los municipios pudieran destinar ese dinero a redes de saneamiento y abastecimiento de agua, también más partida presupuestaria para los gastos energéticos de los consistorios y, por último, que la Diputación destinara una parte de su presupuesto a la mejora y modernización de espacios productivos que reactiven la economía de los municipios. “Tenemos todo el derecho a presentar nuestras enmiendas a los presupuestos. Chana vulneró un derecho fundamental, recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española”, ha reiterado la presidenta. “El Grupo Popular va a continuar defendiendo los intereses de la provincia, vamos a seguir llevando enmiendas a los presupuestos, mociones a los plenos con temas provinciales, regionales o nacionales porque las políticas regionales y nacionales del sanchismo también nos afectan, como conquenses y como españoles”, apuntaba Clara Plaza.
El portavoz popular, Cayetano Solana, ha calificado como “muy grave” que “la soberbia de Martínez Chana no solo impidiese que se debatiesen estas enmiendas, sino que las rechazase en el turno de ruegos y preguntas y también las alegaciones que se hicieron posteriormente”. Solana ha negado tajantemente que “recurrir a la justicia para defender nuestros derechos sea judicializar la política”. “En estos últimos tiempos es una herramienta bastante peligrosa usada por ciertos políticos acusar a la justica y manifestar un sentimiento de agravio cuando tienen que acudir a algún juzgado”. “Políticos como Pedro Sánchez y Martínez Chana se muestran más cómodos al margen de la ley, criticando a todos aquellos que se atreven a poner en entredicho la legalidad de sus acciones”, ha añadido. El portavoz popular también ha querido resaltar que “no saldríamos de los juzgados si a cada indicio de irregularidad interpusiésemos una demanda. Chana intenta hacer creer que queremos paralizar la institución y las inversiones, pero nada mas lejos de la realidad, es él con su acción de gobierno quien priva a nuestros pueblos de esas inversiones tan necesarias”.
Cayetano Solana ha definido a Chana como “un gobernante opaco”, y citaba como ejemplos “el retraso en recibir la información que requerimos, no contestar a las preguntas de los plenos más que con la coletilla daremos contestación por escrito, llegando incluso a repetirla en 20 ocasiones en un mismo pleno, o las mismas respuestas escritas que llegan una hora antes del pleno siguiente y con vaguedades”. El portavoz popular también ha anunciado cómo Chana ha sido incluso capaz, “como alcalde de Almonacid del Marquesado de denunciar al Consejo Regional de Transparencia de Castilla-La Mancha ante el TSJ para que los ciudadanos sigamos sin conocer el convenio que ha firmado entre su Ayuntamiento y el macrobasurero instalado en su municipio”, concluía el portavoz popular.
La Diputación de Cuenca estudia recurrir ante el Tribunal Supremo el fallo del TSJCM sobre el presupuesto de 2023
La Diputación de Cuenca está estudiando con sus servicios jurídicos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en la que estiman el recurso presentado por parte del Grupo Popular en la Diputación contra el Pleno en el que se aprobaron los presupuestos de 2023 y su posible recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
El Equipo de Gobierno ha manifestado el absoluto respeto a las decisiones judiciales a pesar de no compartir el fondo del fallo judicial como tampoco lo hace la Fiscalía al recoger la sentencia que “el Ministerio Fiscal entiende que no existió vulneración del derecho fundamental de participación política al sostener que las enmiendas no fueron tenidas en cuenta por motivos técnicos”.
La Institución Provincial y su presidente, Álvaro Martínez Chana, se han guiado siempre por los criterios técnicos marcados por los servicios y los profesionales de la casa en los que depositan toda su confianza. Recuerdan que así lo manifestaron en el Pleno, tal como se puede comprobar y así reflejan las actas del mismo.
Por ello, la Diputación estudia la posibilidad de interponer un recurso al entender que en ningún momento se vulneraron los derechos de participación política de ningún grupo político.
