En las alegaciones presentadas la semana pasada solicitan la retirada de proyectos piloto como el llamado Plan equisCuenca por sus principios obsoletos, datos sin rigor, la absoluta falta de transparencia sobre su proceso e imposición sobre las personas que habitan en las provincias de Valencia, Madrid, Toledo y Cuenca.
Dentro de la exposición de hechos, Pueblos-Plataforma evidencian que el anteproyecto da por supuestas una serie de orientaciones sobre el transporte que, en el contexto europeo, se han demostrado obsoletas en la última década. En primer lugar, el Anteproyecto esgrime la cohesión social y territorial como principio de la “planificación de las políticas de transporte”, que deberá poner a la ciudadanía en el centro de las decisiones con independencia de su lugar de residencia. Sin embargo, pretende continuar con un modelo de movilidad volcado en facilitar los desplazamientos entre los grandes núcleos de población. Para ello presenta los alrededores de Madrid como un desierto demográfico, en el que, a juicio de quienes han redactado el Anteproyecto, no tiene cabida el ferrocarril como medio de transporte de personas y mercancías. Como elemento valorativo de la eficiencia se vinculan los niveles de ocupación del ferrocarril, su rentabilidad en términos solo monetarios, con criterios supuestamente ambientales y sociales. Al respecto de este juicio hay que evidenciar que, durante los últimos años, las obligaciones de servicio público entre Madrid, Cuenca y Valencia han carecido de inversiones y medios humanos. No han circulado trenes por la imprevisión de disponer de maquinistas, no se interviene en ruta para contabilizar las personas que viajan en trenes regionales -el Ministerio ofrece una cifra sesgada a la baja- y se ha descuidado el mantenimiento del material y de la infraestructura ferroviaria.
Además, las valoraciones economicistas a corto plazo y la visión centralista de España que contiene el Anteproyecto, con verosimilitud, profundizarán la brecha entre las inversiones en las grandes urbes y el recorte de servicios públicos en los demás territorios. Con la advertencia de que las inversiones y la gestión se han centrado -este Anteproyecto propugna el continuismo- a favor de quienes se desplazan en alta velocidad o vehículo particular. En caso alguno, desde el ministerio se reconoce la deuda con las regiones que han sido descapitalizadas de forma deliberada, ni elementos correctores de los déficits de población, ambientales y de renta generados por estas políticas. Por eso, simplemente, presenta los resultados económicos de explotación de los servicios, pero no da cuenta, por los sesgos ideológicos o insuficiencias de conocimientos de quienes han redactado el Anteproyecto, de los costes de amortización, de las externalidades o de evaluar socialmente la oportunidad de vivir más allá de las grandes ciudades. En esta dirección, antes de recortar a los más desfavorecidos para transferirlos a las personas y territorios más ricos, habría que acometer estudios interdisciplinares que, entre otros temas, contemplaran los tiempos y precios de los viajes puerta a puerta asumidos por la ciudadanía, con el estudio de la adecuación de las infraestructuras, horarios y servicios, todo ello integrado en una intermodalidad sostenible definida por las personas habitantes de los territorios. En caso alguno, debería partirse de la situación actual motivada por inacción deliberada e incapacidad de gestión de las cúpulas directivas de Renfe y Adif a instancias del ministerio de Transporte.
En las alegaciones se recuerda que en el año Europeo del Ferrocarril, la Secretaria de Transporte en voz de María José Rallo del Olmo, con los anteriores sesgos ideológicos y carencias en su gestión técnica, ha presentado desmantelar la sección entre Aranjuez y Utiel que sirve a pueblos de diverso tamaño entre Madrid-Cuenca-Valencia. No es una línea exclusivamente rural, como pretende manipular Rallo. Es un eje entre la primera ciudad y el primer puerto de España, que en cualquier país europeo tendría la consideración de ser estratégica para articular el territorio. Al respecto de esta arbitrariedad y sobre la transparencia y participación ciudadana a la que apela el Anteproyecto, desde instancias oficiales se ofrecieron informaciones falsas a la opinión pública acerca de la reparación de supuestos daños en la infraestructura entre Cuenca y Utiel. Más tarde, los datos publicitados por la citada Secretaria para justificar el cierre han sido parciales, manipulados e incluyen gravísimas incorrecciones técnicas. Por último, en las alegaciones queda evidenciado que se ha conculcado la Ley del Sector Ferroviario, al anunciarse el desmantelamiento de la línea sin audiencia de las partes afectadas Comunidades, Diputaciones, Ayuntamientos o entidades ciudadanas.
