El choque entre la demanda ciudadana de servicios ferroviarios de Media Distancia convencional o Avant, impulsado por las Ayudas al Transporte del Gobierno central desde septiembre de 2022, y las comprensibles limitaciones en la oferta de servicios públicos ferroviarios, hacen necesaria una revisión de las condiciones de uso de los abonos para proteger el acceso a este servicio público esencial que afecta a miles de ciudadanos a diario.
En este sentido, las Asociaciones representativas de los usuarios recurrentes de servicios públicos ferroviarios de Media Distancia Convencional y Avant se han pronunciado ampliamente solicitando tanto una mayor vigilancia del uso de los abonos en los accesos, a bordo y a la salida de las estaciones, como una mayor flexibilidad en los sistemas de reserva, cambio y cancelación de billetes, para conciliar la posición de aquellos viajeros que necesitan plaza como la de aquellos que por muy distintos y lícitos motivos, necesitan cambiar o cancelar su billete.
El 30 de enero los usuarios se percataron de la pegada de carteles en distintas estaciones de España en los que se anunciaba de forma informal, ente otras, que partir del 1 de marzo “los usuarios de servicios media distancia alta velocidad, Avant, que no utilicen la plaza reservada con abonos bonificados deberán cancelarla con un mínimo de 60 minutos de antelación”.
El conjunto de Asociaciones de usuarios de servicios públicos ferroviarios Media Distancia Convencional y Avant de Aragón, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia comunican su rechazo a esta iniciativa concreta de Renfe que, una vez más, carga de responsabilidad a los viajeros, que son el eslabón más débil y quedan en situación de indefensión, en lugar de fortalecer sus sistemas internos de control y de reservas. Demuestra también, una vez más, su alejamiento de la realidad de la movilidad cotidiana de los ciudadanos a los que está llamada a prestar servicio.
Este límite en la cancelación de billetes no ha sido consensuada con los afectados, no ha evaluado alternativas o plazos de revisión, y tampoco se han mantenido, que sepamos, contactos con el Ministerio de Transportes como titular del servicio.
La demanda ciudadana de movilidad es multimodal y puerta a puerta. Son múltiples los imprevistos o cambios de agenda que los usuarios pueden sufrir, por otro lado, Renfe debe reconocer el impacto que las averías y retrasos constantes en los trenes de servicio público casusa Renfe, o causa Adif son una causa más de imprevistos para los ciudadanos.
Las Asociaciones reiteran su voluntad de mejorar el servicio y apelan a la responsabilidad y a los objetivos comunes que les unen con el Ministerio de Transportes, Renfe y Adif y solicitan específicamente a Renfe que suspenda el plazo de aplicación de esta prohibición hasta haber articulado alternativas que el Ministerio de Transportes conozca y asuma que no perjudiquen irremediablemente los accesos y retornos a centros de trabajo y estudios de miles de usuarios de ferrocarril que no tienen en origen o destino otra solución para atender a sus obligaciones.
