Finalizaba mi artículo sobre el proyecto de ley de simplificación de Castilla-La Mancha preguntando si la Directiva en que se fundamenta contiene una amenaza para los servicios públicos. Quizás ayude a responder esta cuestión conocer la controversia que provocó la Directiva de servicios en el Parlamento Europeo, el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) y la opinión de una persona de prestigio comprometida con la Unión Europea (UE).
El debate en el Parlamento enfrentó a los grupos parlamentarios que pactaron la reforma de la Directiva (Popular y Socialista) contra los que la rechazaron. Los defensores de la reforma argumentaron que la libre circulación de servicios era una de las cuatro libertades del mercado de la UE (junto con la libre circulación de capital, bienes y personas) que había que aplicar en cumplimiento de los Tratados. Insistieron en que la liberación del mercado interior de servicios promovería el crecimiento del PIB y la creación de 600.000 puestos de trabajo. Y, por último, que la Directiva se inscribía en la estrategia de Lisboa para hacer de Europa la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, con más y mejores empleos y mayor cohesión social.
Los diputados del Parlamento Europeo contrarios a la Directiva argumentaron “siempre se cuentan las mismas mentiras” de que crearán empleos y fomentarán el crecimiento, para justificar las políticas neoliberales; pero durante los últimos quince años, la reconstrucción neoliberal de Europa “ha dejado sin empleo a miles de personas y las ha sumido aún más en la pobreza”. Sostuvieron que la reforma de la “Directiva Bolkestein disfrazada” era una chapuza fruto de la lógica del compromiso a ultranza, que une liberalización salvaje con la defensa de los privilegios corporativos. Subrayaron que los sectores fuertes quedaban excluidos del ámbito de aplicación de la directiva, a saber, las telecomunicaciones, los servicios bancarios y financieros, los seguros y los servicios jurídicos. Manifestaron su preocupación por que la Comisión no haya llevado a cabo un análisis del impacto social y laboral, teniendo en cuenta los efectos de destrucción de puestos de trabajo producidos en liberalizaciones anteriores y que la puesta en marcha de la Directiva “afectaría a sectores con mano de obra mayoritariamente femenina”.
La Directiva fue aprobada con 391 votos a favor, 213 en contra y 34 abstenciones. El Comité Económico y Social Europeo en su dictamen hizo hincapié en que la redacción de la Directiva creaba inseguridad y confusión al no definir a nivel europeo los servicios públicos como sanidad, educación, seguridad social, servicios sociales etc., ni las circunstancias bajo las cuales estos servicios quedaban exentos de la aplicación de las normas de competencia del mercado.
La confusión generada por la Directiva forzó la intervención del prestigioso expresidente de la Comisión Europea desde 1985 a 1995, Jacques Delors. En su discurso subrayó el enorme error político de haber aprobado una Directiva marco sobre la liberalización de los servicios, sin acompañarla de otra Directiva que permitiera garantizar los servicios públicos.
No obstante, como la ironía de la historia lo pone todo patas arriba, la polémica Directiva de servicios quedó paralizada por los acontecimientos. Primero la crisis financiera, económica y social que estalló en 2008 y después la provocada por la pandemia de la COVID19, pusieron de relieve el papel fundamental de los servicios públicos como «estabilizadores automáticos» y no una “costosa carga”.
Las crisis sucesivas contribuyeron a que fuera hegemónico el planteamiento de que los derechos fundamentales eran superiores a la libertad de mercado y la competencia. De ahí las presiones de organizaciones sociales y sindicales a la Comisión Europea para que sobre la base del artículo 14 del Tratado de Lisboa presentara un reglamento que reforzara la misión de los servicios públicos, haciendo especial mención de la administración regional y local.
A la vista de lo expuesto, es posible sostener que las críticas y las crisis entorpecieron la transposición de la Directiva de servicios, promotora de la desregulación y la privatización de los servicios públicos. Sin embargo, hoy las prioridades han cambiado y el programa de moda de los gobiernos parece girar en torno al planteamiento de menos Estado y más mercado. Por eso Emiliano García Page vino de China dispuesto a podar la administración regional, convertir los servicios públicos en mercancía y recortar derechos fundamentales. Es lo que pretende de forma torticera el proyecto de ley de simplificación cuando, en nombre de la eficiencia, prioriza el mercado y la competencia frente a la administración pública regional y local. El presidente proyecta mediante la desregulación y la privatización crear un mercado de servicios a costa de lo público con el objetivo -nos dirá- de hacer grande a Castilla-La Mancha.
Por Fernando Casas Mínguez
