El próximo día 8 de noviembre, a las seis de la tarde haremos un nuevo plante en la estación en defensa del tren, de la democracia y para denunciar que estamos sumergidos en una oleada de políticas autoritarias. Se llevan a cabo a través de tácticas graduales, realizadas a escondidas, que ocasionan el deterioro de la democracia de forma lenta y discreta. La utilización clandestina de métodos tan ilegales como poco democráticos conlleva riesgos, porque su ritmo lento podría hacernos creer que la democracia no está amenazada, hasta que es demasiado tarde. Una muestra del retroceso democrático la percibe la ciudadanía cuando analiza cómo se está llevando a cabo el cierre de la línea Madrid-Cuenca-Valencia.
El Ministerio de Transportes, ADIF y Renfe deciden el cierre al margen de la ley, contando con la colaboración, del Ayuntamiento de Cuenca y la Diputación. En base a actuaciones, protocolos y convenios de una legalidad discutible, sin participación alguna de la mayoría de las poblaciones afectadas, proceden a la clausura irregular de la línea. Actúan con una política de hechos consumados y pretenden que su decisión la consideremos inapelable. Hasta el punto de que el Ministerio no se digna a rendir cuentas, ni responde a las alegaciones y requerimientos planteados por muchos ayuntamientos afectados por la ilegal, injusta y antidemocrática medida. Confiemos en que la reciente demanda, presentada, ante la Audiencia Nacional, por Cristina Fuentes Paños en nombre de Cuenca Ahora, repare la ilegalidad cometida.
Porque el cierre de la línea, además de ilegal, va en contra del interés general de la provincia y del municipio, manifestados en las sesiones plenarias celebradas por la Diputación de Cuenca, el 29 de julio de 2020 y el Ayuntamiento de Cuenca el 25 de marzo de 2021. Ambas instituciones aprobaron, por unanimidad, en sus respectivos plenos, solicitar la renovación y modernización de la línea ferroviaria Madrid-Aranjuez-Cuenca-Utiel-
Por lo tanto, cuando un año después el Ayuntamiento y la Diputación de Cuenca, convocan plenos para revocar la renovación aprobada por unanimidad, están yendo en contra de sus propios actos, abusan del poder y crean inseguridad jurídica. El denominado Proyecto Integral de Movilidad en la Provincia de Cuenca (conocido como Plan X Cuenca) que utilizan para la destrucción del tren, es torticero y no respeta los principios de buena fe y de confianza legítima, establecidos por la ley. En virtud de lo cual, el Proyecto de desmantelamiento, aprobado por la minoría de concejales socialistas, vulnera la doctrina de los actos propios (reconocida por la jurisprudencia española y el derecho europeo), que impide ir en contra de los propios actos, para evitar los abusos del poder.
Pero donde se pone claramente de relieve el retroceso democrático municipal y provincial es en el rechazo de la participación de la población y de las asociaciones ciudadanas interesadas. En nuestro sistema democrático, la sociedad civil tiene derecho a participar en los asuntos públicos. Un derecho que está reconocido y garantizado mediante por los distintos artículos de la Constitución, que obligan a los poderes públicos a facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social. Para facilitar esta participación, la ley orgánica que regula el referéndum contempla la posibilidad de consultas populares municipales. De manera que, el Ayuntamiento de Cuenca deteriora el funcionamiento democrático, cuando adopta un acuerdo por minoría, para invalidar acuerdos unánimes, y además impide la participación efectiva de la sociedad civil.
Es el momento de defender la democracia, reclamar respeto por la ley y que se actúe de acuerdo con el interés general de la provincia, utilizando parte de los fondos europeos en modernizar el tren. Para reclamarlo, el próximo día 8 de noviembre, a las seis de la tarde haremos un nuevo plante en la estación (será el 15). No aceptamos que mediante abusos del poder nos quieran despojar de la línea del ferrocarril convencional, Madrid-Cuenca-Valencia, porque el tren es un bien público de la provincia, esencial para la protección de los derechos fundamentales de las personas de las zonas despobladas.
Por Fernando Casas Mínguez
